Conferencia
Desafíos de los organismos públicos (sujetos obligados) a la hora de implementar el modelo de la RTA sobre Género y Derecho de Acceso a la Información Pública
Actividad internacional de cooperación Sur-Sur de la UIAP/AGESIC de Uruguay:
Fortalecimiento de la gestión institucional para el acceso a la información pública con enfoque de género en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá, Colombia
Conversatorio virtual
“Perspectiva de género e información pública: Desafíos para los organismos públicos a la hora de generar y publicar información inclusiva”
Martes 21 de marzo de 2023
Conferencia magistral:
Género y derecho a la información pública en la era digital
Ana Isabel García Q., México CDMX, 7/3/2023
- En la era digital, las brechas de género en el acceso a la información pública guardan relación con las brechas digitales de género en cada país.
- Las brechas de género en el acceso a la información pública se inscriben en una brecha social más amplia: por razones socioeconómicas, zona de residencia y edad, principalmente.
- En América Latina todavía sólo una reducida minoría solicita información pública (entre 5% de Uruguay y 29% de Chile).
- En América Latina cerca del 40% de la población no tiene acceso a internet, especialmente por los factores antes mencionados.
- En este contexto social, las mujeres, en algunos países de América Latina, todavía sufren del primer nivel de brecha digital.
- En América Latina hay una importante brecha de género digital de segundo y tercer nivel.
La guerra en Ucrania.
Revista Tiempo de Paz Número: 146 y 147, Periodo: otoño – inverno.
Tiempo de Paz aborda en este número el conflicto de Ucrania, la guerra de la Rusia de Putin contra un país que formó parte de la antigua URSS y con el que Rusia ha tenido vínculos históricos muy profundos.
Enrique Gomáriz hace la presentación del número y escribe el «Marco conceptual y balance de las doctrinas y estrategias de seguridad».
https://revistatiempodepaz.org/revista-146/#dflip-df_2096/165/
Acceso a la información pública de grupos en situación de vulenerabilidad social. 
Artículo: Sobre la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores y sus dificultades de aplicación.
Artículo de Enrique Gomáriz M. en revista Tiempo de Paz No. 145, Verano 2022, Madrid.
https://revistatiempodepaz.org/revista-145/#dflip-df_2060/99/
Diálogos Trasparentes
“Acceso, transparencia y grupos en situación de vulnerabilidad”, organizado por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC) de Uruguay
El 30 de junio de 2022 se realizó la primera charla del ciclo Diálogos Transparentes, denominada “Acceso, transparencia y grupos en situación de vulnerabilidad”.En la primera charla de Diálogos Trasparentes conversamos sobre la importancia de garantizar que la información sea accesible para todas las personas y cuáles son los desafíos actuales. En la charla se dieron a conocer cuáles son las limitantes que tienen las personas con diferentes situaciones de discapacidad al momento de acceder a la información pública. Participaron Lilian González, Docente, Magister e Integrante del Núcleo Interdisciplinario Comunicación y Accesibilidad (NICA); Rossana Gienochio, representante del equipo de Accesibilidad en entornos digitales de Agesic; Ana Isabel García Quesada, Comunicadora, Socióloga y Magister, especialista del programa EUROsociAL en materia de acceso a la información pública de mujeres y colectivos en situación de vulnerabilidad social, y miembro de la Fundación GESO.
Incorporación del enfoque de género en los sistemas y polítias de transparencia y acceso a la información pública en América Latina. EUROsociAL, Herramienta No. 58. 2021.
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/06/HERRAMIENTA_58-4.pdf
https://erickbecerra.com/inai-implementara-protocolo-con-perspectiva-de-genero/
https://twitter.com/eurosocial_/status/1001524843970547714
Charla sobre «Ciudadanía y cultura política: otra mirada sobre la calidad de la democracia», Enrique Gomáriz M. (actividad de CEDAL, 10/octubre/2020)
Charla sobre «Protección social para todos», Ana Isabel García Q. (actividad organizada por Gramo: COVID-19 «Sin Fronteras», mayo 2020)
Estrategia del IICA sobre Género y mujeres rurales en el desarrollo agrícola y los territorios rurales 2018-2022
(Ana Isabel García Q., consultora principal encargada de preparar el documento técnico de referencia sobre la situación de la mujer rural y recomendaciones de políticas públicas para fortalecer y mejorar la contribución de las mujeres al desarrollo de la agricultura y el desarrollo de los territorios rurales)
https://repositorio.iica.int/bitstream/11324/7254/1/BVE19029518e.pdf
Costa Rica: territorios desiguales y políticas locales de seguridad ¿desiguales?
García, Ana Isabel et al. 2017. FLACSO, San José.
FLACSO-Costa Rica. Cuaderno No. 164
http://www.flacso.or.cr/index.php/publicaciones-jb-br-jb-i-labor-editorial-jb-i/cuadernos/613-cuaderno-no-164
Mecanismos de transferencia de recursos públicos a pueblos y autoridades indígenas, Informe Consolidado sobre Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay
Enrique Gomáriz M., ProIndígena, 2016.
ProIndígena es un Programa Regional de la Cooperación Técnica Alemana, que promueve mejores condiciones para el pleno ejercicio de los derechos indígenas, en especial el derecho a la autogestión territorial y de sus recursos naturales en Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Paraguay.
Este informe contiene un examen de los diversos mecanismos para transferir recursos públicos hacia los Pueblos Indígenas (PPII) en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay, así como un análisis comparado a nivel regional sobre la existencia de tales mecanismos y su desempeño general.
Para describir la naturaleza y características de dichos mecanismos ha sido necesario reconocer el contexto nacional, la dinámica de los pueblos indígenas, su papel en el sistema político y su relación con el Estado, el sistema de políticas públicas de cada país y la normativa vigente en esta materia. Por esa razón, los informes de cada país y el informe comparado comienzan con un examen de dicho contexto antes de identificar los mecanismos concretos existentes y valorar su desempeño. Una vez realizado este análisis, los informes se completan con un conjunto breve de conclusiones y recomendaciones que buscan hacer tanto un balance como señalar las perspectivas en el inmediato futuro.
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INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS SOBRE MASCULINIDAD
Enrique Gomáriz Moraga
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¨Dándole seguimiento a la Estrategia de Seguridad en Centroamérica¨
(…). En efecto, la ESCA se presenta simplemente como un instrumento de acción práctica que aspira a coordinar las acciones que “en materia de seguridad adopten los países de la región enmarcadas en sus respectivos ordenamientos jurídicos”. Cabe, desde luego, preguntarse si ese es el único marco que debe tener una estrategia de seguridad regional. Por supuesto, no hay duda de que la ESCA surgió principalmente como una respues-ta al desarrollo trasnacional del crimen organizado en la región. Y eso es perfectamente comprensible. Sin embargo, precisamente por eso no debe ser una respuesta instrumental y aislada de los conceptos regionales de seguridad, que desde luego siguen vigentes, no sólo jurídicamente, sino sustantivamente.
En realidad, pareciera como si la ESCA hubiera sido elaborada por una genera ción de recursos técnicos muy diferente a los que redactaron el Tratado Marco. Y que debieron pensar que el TMSDC había sido confeccionado para encarar otros problemas de seguridad que no co-rrespondían a los surgidos en los nuevos tiempos. El problema es que esa vía de reflexión pierde de vista el carácter integral del Tratado y las categorías virtuosasque contiene. No por casualidad, el TM-SDC, lejos de centrarse únicamente enlos asuntos de seguridad regional, contiene antes dos títulos referidos al Estadode Derecho y a la seguridad de las personas y sus bienes. El Tratado deja claroque los asuntos de seguridad no tienenuna determinación aislada ni estancada,sino que parten del presupuesto conceptual de que la paz está estrechamente relacionada con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo sostenible.Esa es la esencia fundamental de la categoría de Seguridad Democrática Centroamericana: existe una relación virtuosa entre los tres elementos, paz, democracia y desarrollo. Y en el sentido opuesto, el deterioro de cualquiera de ellos supone un lastre para el fortalecimiento de losotros dos.
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Existe amplia coincidencia en el campo de la gestión estratégica acerca de que son varios los factores que contribuyan a que una determinada política tenga un éxito relativo; así como también hay acuerdo acerca de que uno de los factores fundamentales refiere al reconocimiento amplio y preciso del problema que se quiere tratar y de las diferentes alternativas para resolverlo. Es decir, se entiende que solo la casualidad permite que desde un mal punto de partida se llegue a donde realmente queremos llegar. Por tanto, dejar las cosas al azar no es un buen criterio para avanzar en los campos de la planificación y la gestión.
Así pues, para diseñar una Estrategia de Gerencia Social para el Desarrollo, que es el objetivo del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, es recomendable tratar de consolidar una buena base de partida, al menos en los dos ámbitos más comúnmente identificados al respecto: un marco conceptual que nos sirva de referencia y un diagnóstico de la situación en que nos encontramos. Reunir ambos elementos es el objetivo principal de este Cuaderno «Marco conceptual y diagnóstico de la Estrategia Centroamericana de Gerencia en Desarrollo Social” del ICAP.
Para conformar un marco conceptual que pueda servir para tener un cuadro de las ideas y formas de tratar el campo de trabajo, a continuación se realiza un esfuerzo en dos direcciones: por un lado, se trata de ubicar un conjunto de categorías que aparecen en un escenario demasiado amplio y, por el otro, se reúnen los enfoques estratégicos más relevantes en esta materia. Con ambos elementos a la vista, resulta más fácil identificar el camino más adecuado y actualizado para elaborar la Estrategia que se pretende.
En cuanto al diagnóstico de la situación, se ha buscado identificar, tanto la naturaleza del problema, como el tipo de respuestas públicas que se han implementado para resolverlo en el contexto regional. Respecto de la naturaleza del problema, no solo se han señalado las dimensiones más comunes (pobreza, desigualdad, etc.) sino también su evolución frente a los efectos de los factores condicionantes (crisis internacionales, desastres, etc.). Y en cuanto al mapa de las respuestas dadas desde los países para eliminar la vulnerabilidad social, se ha elaborado un cuadro que muestra la diversidad y dispersión de esfuerzos.
A partir de la sistematización y explicación de estos elementos, para el ICAP ha sido más evidente cuáles deben ser las referencias de partidas para lograr elaborar una adecuada Estrategia de Gerencia en Desarrollo Social para la región centroamericana.
Criterios de equidad:
de la medida temporal al principio de paridad
Ana Isabel García Q. 2012. Fundaungo, San Salvador.
En el marco del proyecto: «Derechos Políticos y ley de partidos políticos: hacia el fortalecimiento del vínculo representante-representado», por medio de un esfuerzo interinstitucional realizado por la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO); la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Programa El Salvador; la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE); la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA); y la Universidad Tecnológica (UTEC); se realizaron cuatro foros con el propósito de contribuir a una sensibilización sobre la necesidad de que El Salvador cuente con una Ley de Partidos, así como promover el conocimiento de experiencias sobre la legislación de partidos políticos en otros países latinoamericanos.
El presente libro contiene los textos de las cuatro conferencias que fueron dictadas durante foros públicos en los que se abordan diferentes aspectos sobre la regulación de los partidos políticos, con base en experiencias de otros países de Latinoamérica.
Contribuciones para el debate sobre regulación de los partidos políticos
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La presunta muerte de la ciencia política ha resultado ser una de las más anunciadas de entre las que componen la familia de las ciencias sociales. No sólo ha integrado el cuadro general de los partes médicos que han insistido en la pésima salud en que quedaba toda esa familia, tras la epidemia epistemológica que asoló el conocimiento de la realidad social en el último cuarto del siglo pasado – por cierto saludada y hasta celebrada por toda suerte de sensibilidades postmodernas-, sino que además ha emitido sus propios anuncios internos de crisis que llegaron incluso a pronosticar su fallecimiento inapelable.
En términos generales, lo que empezó como una crisis paradigmática a fines de los años sesenta para el conjunto de las ciencias sociales, pronto mostró su verdadera profundidad en términos epistemológicos. En otras palabras, la crisis teórica apenas era sólo la punta del iceberg de una enfermedad mucho mayor que se desarrollaba bajo la superficie, en relación con el trance epistemológico que afectaba a prácticamente todas las áreas del conocimiento humano. El resultado de ese proceso complejo fue que, sobre todo en los años ochenta, se produjo una agudización exponencial de la dispersión y atomización de la teoría social, en donde la multitud de corrientes parecía descomponer toda interpretación posible de la realidad.
Ello encendió las alarmas entre quienes buscaban un conocimiento, lo más riguroso posible, de los cambios sociales; algo que provocó la realización de distintos esfuerzos de balance y diagnóstico, así como de propuestas orientativas para encarar la crisis. Uno de los esfuerzos que obtuvo mayor reconocimiento fue el impulsado por Anthony Giddens y Jonathan Turner en la segunda mitad de los años ochenta, que finalmente fue publicado con el título neutro Social Theory Today en 1987. Partiendo de un diagnóstico general compartido, una serie de autores anglosajones, planteaban sus visiones de la crisis. Así, su introducción afirmaba que “a lo largo de las últimas dos décadas ha tenido lugar un cambio espectacular”, y que “el resultado de tales cambios ha sido la proliferación de enfoques del pensamiento teórico” (Giddens y Turner, 1990, p.11). Como he manifestado en otra oportunidad, la lista de enfoques se hizo interminable: teóricos del intercambio, behavioristas, postestructuralistas, teóricos críticos, neofuncionalistas, fenomenologistas, interaccionistas simbólicos, marxistas (en sus diversos grados de actualización), biosociólogos, etnometodologistas, postpositivistas, hermenéuticos, etc., etc. (Gomáriz, 1996). Y la respuesta de los más preocupados llegó a adoptar tonos autoritarios: Turner plantea un año después que lo que había que hacer era regimentar la adquisición del conocimiento sociológico, dejando en manos de las asociaciones de sociólogos los temas a estudiar y las metodologías más apropiadas (Turner, 1989).
Obviamente, desde el lado contrario, las propuestas consistían en la aceptación gozosa de que el conocimiento de la realidad social no debería tener ningún tipo de reglas ni parámetros, regresando así hasta la vieja competencia cognitiva entre las ciencias, las artes y los valores. En suma, sobre la base del “todo vale” metodológico, había que dejar morir o incluso recortar la agonía de las ciencias sociales en tanto verdaderas ciencias.
Por su parte la ciencia política, además de verse afectada por estos males de familia, emitía sus propios anuncios de crisis terminal. Importa destacar que lo interesante en este campo es que tales anuncios han surgido de algunos de los propios padres de esta disciplina, que lograron su afirmación como tal después de la Segunda Guerra Mundial. El caso más destacado es el de Giovanni Sartori, quien, después de realizar contribuciones decisivas en los años cincuenta, comienza a advertir del malestar de la disciplina desde los años setenta, señalando la dispersión teórica de la época, al tiempo que reitera su preocupación por la división radical entre los partidarios de una óptica empirista y los de una visión filosófica de la disciplina. Pero treinta años más tarde Sartori anuncia la pérdida definitiva de rumbo de la ciencia política, en el opúsculo “¿Hacia dónde va la ciencia política?”, que lógicamente le debe conducir a la peor de las suertes (Sartori, 2004). Desde luego, como era de esperar, ese planteamiento ha suscitado la airada respuesta de los profesionales y académicos del ramo (como Laitin, Colomer, etc.), que consideran que la ciencia política, premunida de las herramientas empíricas actuales, nunca estuvo en mejor situación en toda su frondosa vida.
Pues bien, en América Latina hay quienes recogen con rigor el mensaje de Sartori y se dejan de circunloquios para anunciar, como lo hace Cesar Cansino, la defunción definitiva de la ciencia política. La relevancia de Cansino consiste en que su trabajo -que titula así, La muerte de la ciencia política- ha tenido eco en el pensamiento social de la región (incluso ha recibido el premio de ensayo del 2008 de la Editorial Sudamericana de Buenos Aires). El interés adicional que tiene ese trabajo reside en que busca demostrar en los planos teórico y metodológico por qué razones efectivamente se ha producido el fallecimiento de la ciencia política; es decir, no tiene reparos en apurar el vaso necrológico hasta el fondo. En su “réquiem por la ciencia política”, la despide con claridad: “¡Adiós a la ciencia política!” (p.118).
Por esta razón, creo que tiene interés usar este trabajo como percha para colgar la reflexión más amplia sobre la verdadera evolución actual de la ciencia política. En realidad, eso ofrece también la oportunidad para revisitar la discusión sobre la crisis general de las ciencias humanas que tuvo lugar en América Latina a comienzos de los años noventa, impulsada sobre todo por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), que llegó a conformar una Comisión de Epistemología y Política, a la que tuve la fortuna de pertenecer (entre 1991 y 1993). De ahí surgió mi trabajo La crisis de las ciencias sociales. Un estudio comparado, que publicó FLACSO Chile y luego la sede de Costa Rica como Cuaderno de Ciencias Sociales (n. 94) en 1996. Por cierto, revisitar aquella discusión me permite también hacer una revisión crítica de mi propia intervención, así como usarla de referencia para encarar más ampliamente el debate actual sobre la anunciada muerte de la ciencia política.
Desde luego, alguien podría objetar que entrar en esta discusión siguiendo el camino que lleva de Sartori a Cansino puede reducir considerablemente el campo del análisis. Y tendría razón, al menos parcialmente. Sin embargo, creo que la empresa es posible y tiene sentido por varias razones. En primer lugar, porque, naturalmente, implica tomar en cuenta la cantidad de autores que ellos tienen como referencia, además de los que uno contempla por su propio criterio. Pero también porque creo que es posible ir a los ejes centrales del debate sin necesidad de mucha erudición, como demostraré más adelante. Si se desea ampliar el campo taxonómico al respecto, siempre es posible acudir a los anales de la ciencia política norteamericana, o mejor aún, sumergirse en las páginas de las dos revistas señeras, surgidas, no por casualidad, en Italia: la Revista Italiana de Ciencia Política, encabezada por el propio Sartori y la revista Teoría Política, de los seguidores de Norberto Bobbio. Y si se quiere usar el noble castellano, puede recomendarse una amena visita –no demasiado prolongada necesariamente- al mundo académico de México, donde este debate ha provocado ríos de tinta, tanto de buenas traducciones como de aportaciones autóctonas, con esa erudición frecuentemente barroca que tanto aprecia la academia mexicana.
Claro, lo anterior casi me obliga a decir algo sobre el lugar desde el que hago esta intervención y mis motivos para hacerlo. Ante todo, creo que, en principio, ocupo una posición de cierta ventaja para discutir sobre la suerte de la ciencia política: sólo soy un simpatizante de esta disciplina, nunca he militado en sus filas. Ante todo, por mi formación originaria: procedo del campo de la sociología y cuando me incorporé al conocimiento político lo hice en el contexto británico, que, como se sabe, siempre ha sido algo refractario respecto a la ciencia política. Mi entrada fue a través de la sociología política, de la mano de Ralph Miliband (mi tutor de tesis), con quien tuve una relación ambigua: admiré su rigor lógico, pero rechace su instrumentalismo ideológico. De hecho, cuando escribí en algunas revistas españolas (Zona Abierta, Leviatán, El Viejo Topo) mis textos más motivados referían a temas sociopolíticos, evitándome así la tentación del institucionalismo, uno de los pecados capitales de la ciencia política dominante. En breve, tengo una visión tendencialmente comparada de esta disciplina, mucho más por fuerza que por recta virtud. Pero no creo exagerar cuando pienso que eso puede ser aprovechado como una apreciable ventaja.
En cuanto a mis motivaciones, tengo que admitir que unas son de naturaleza cognitiva, pero otras, quizás las más importantes, son de naturaleza directamente política. Respecto del primer ámbito, quiero emitir mi percepción de que la situación actual de la ciencia política se sitúa en algún lugar intermedio entre su muerte definitiva y la inmejorable salud que otros suponen. Eso no significa una visión acentuadamente optimista como pudiera parecer a primera vista. Como apunta la broma, es difícil saber que puede ser mejor, si el reposo de la muerte o una vida prolongada, siempre enferma, siempre enferma. En todo caso, para arrojar alguna luz al respecto es necesario tener idea de cuál es el estado de la crisis paradigmática de las ciencias sociales treinta años después de su estallido y su relación con el desarrollo específico de la ciencia política.
Sobre mis motivaciones más políticas, quiero expresar mi completo desacuerdo con una perspectiva que desprecia el fundamento de la representación como base de la democracia moderna y que, en vez de tratar de vitalizar la democracia representativa con fundamentos e instrumentos de participación directa, trata de sustituirla. De igual forma, quiero poner en cuestión esa óptica que, frente a las tendencias institucionalistas, opone la acción de la sociedad civil como única legítima, para proponer de mi parte una alternativa holística que integra ambos planos: lo instituido y lo instituyente. De igual forma, quiero discutir esa orientación que denominaré compulsiva, tanto de orden conceptual como de la práctica política. Según esa orientación, la democracia no lo es tanto si no produce y se alimenta de un activismo político agudo y permanente; por consecuencia, no puede ni debe existir otra ciudadanía democrática que la activa (en realidad, hiperactiva). Y, desde luego, quiero mostrar cómo esta discusión sobre la democracia actual guarda relación con las admoniciones sobre la crisis terminal de la ciencia política.
Para hacer este ejercicio voy a plantear un texto que tenga los siguientes núcleos temáticos. En primer lugar, es necesario saber si los anuncios necrológicos sobre la ciencia política aluden exclusivamente a esta disciplina o se refieren también al resto de las ciencias sociales. En otras palabras, hay que situar la enfermedad terminal de la ciencia política en el contexto general de los males de familia. Seguidamente, conviene examinar los parámetros fundantes de la ciencia política y en especial de su objeto principal de estudio: el sistema político. Después, parece indispensable examinar el indicador de desempeño más evidente, casi su prueba del ácido, que consiste en la utilidad de la ciencia política para captar el significado y desempeño de la democracia, tanto en general como específicamente en América Latina. Y finalmente, voy a concluir con un juicio sobre el estado de salud de la disciplina, pero desde una inclinación tendiente a considerar la ciencia política como una ciencia blanda y flexible, solo razonablemente saludable.
SOBRE LA ANUNCIADA MUERTE DE LA CIENCIA
Modernización del Estado y equidad de género en la Latinoamérica del Bicentenario
Ana Isabel García Quesada. 2011. En: Altmann et al, Coord. América Latina y el Caribe: Perspectivas de desarrollo y coincidencias para la transformación del Estado. Aportes a la XXI Cumbre Iberoamericana. FLACSO, Secretaría General: San José
Uno de los principales retos de América Latina guarda relación con la consolidación de la democracia en toda la región. Y uno de los consensos crecientes surgido de la observación del desempeño de las democracias latinoamericanas en los últimos treinta años consiste en la certeza de que no es posible una democracia sustentable con un Estado débil o disfuncional. El Estado no sólo supone el apoyo fundamental de la democracia en términos institucionales, sino que asegura el imperio de la ley y el goce de los derechos ciudadanos, así como constituye el instrumento clave para el desarrollo económico. Así, la transformación del Estado es un asunto crucial para el presente y el futuro de la región, que adquiere una dimensión más amplia si se plantea desde una perspectiva de equidad de género.
Este documento tiene por objetivo aportar elementos para el análisis, con visión de equidad de género, de la “Transformación del Estado y desarrollo”, tema central de la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno (Paraguay, octubre 2011). Para ello, se toma como referencia tres recientes balances sobre la situación de las democracias y los Estados latinoamericanos, realizados desde ángulos diferentes: a) a partir del análisis de los avances y desafíos que presenta la región en cuanto a la calidad del ejercicio democrático del poder; b) desde el examen de los logros y la agenda pendiente para la autonomía de las mujeres, como dimensión de análisis de las capacidades de los Estados de la región para resolver los problemas de desigualdad de género.
El primer balance se titula “Nuestra Democracia”, un balance producido de manera conjunta por la Organización de Estados Americanos (OEA), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de Cultura Económica (FCE).
El segundo estudio es “El salto de la autonomía de los márgenes al centro” que corresponde a un análisis realizado por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), utilizando la información recopilada por el Observatorio de Igualdad de Género para la región (OIG), iniciativa creada por instrucción de los países miembros de la Conferencia Regional sobre la Mujer (reuniones de 2007, reforzada en la de 2010).
El tercer balance regional, también reciente y producido por CEPAL, se refiere al papel y “capacidad de los Estados para superar la desigualdad de género en todas sus dimensiones”. Con el sugestivo título “¿Qué Estado para qué igualdad?”, CEPAL preparó un balance a ese respecto como base para las deliberaciones que los gobiernos del área realizaron en el marco de la XI Conferencia Regional sobre la Mujer, realizada en Brasilia, en julio de 2010.
Los tres estudios aportan importantes elementos sobre la condición de género de las mujeres y la situación de nuestras democracias que sin duda serán de utilidad para las deliberaciones de los mandatarios en la XXI Cumbre Iberoamericana. Dada su autoría y énfasis, son balances regionales que necesariamente tienen como referencia los más recientes análisis sobre la situación y perspectivas latinoamericanas en materia de ciudadanía, democracia, desarrollo, Estado y equidad de género. Incluso, varios de esos estudios con énfasis en esas temáticas se han realizado contando con el patrocinio del sistema de la ONU y de la OEA. Es por ello que para efectos del objetivo de este documento, se ha decidido tomarlos como punto de partida.
De la revisión de estos balances regionales y de las propuestas que hacen, es posible extraer varias conclusiones sobre la relación entre modernización de los Estados latinoamericanos y equidad de género; y ello a partir de la primera conclusión que se evidencia al tratar de encontrar ese vínculo temático en esos documentos: es necesario identificar con mayor precisión, las principales conexiones conceptuales y virtuosas entre equidad de género y el papel de los Estados en la promoción del desarrollo de Latinoamérica.
Este esfuerzo es especialmente importante para el objetivo central de la próxima Cumbre Iberoamericana, el cual es definir una ruta hacia la necesaria transformación hacia “Estados capaces de dar lugar a un desarrollo que englobe el crecimiento económico y el bienestar de la población”. Sobre todo, porque suele suceder que los análisis y las propuestas que surgen del examen específico de las temáticas de a) equidad de género y b) el binomio Estado-democracia, en función del desarrollo latinoamericano, presentan debilidades en el mantenimiento de la conexión conceptual y metodológica de ambos ámbitos. Algo que no escapa en el caso de los balances más recientes que se toman como referencia principal para la elaboración de este documento.
Este ensayo inicia con un resumen de las principales conclusiones de los estudios regionales mencionados, lo que permite sustentar la necesidad de relacionar los déficit y retos identificados para nuestras democracias, con los avances y desafíos pendientes en materia de equidad de género en la región. Con ese fin, se plantea otra mirada hacia el horizonte de la modernización de los Estados latinoamericanos, a partir de la comprensión de que lo fundamental es fortalecer las capacidades ciudadanas que tienen las mujeres y los hombres que habitan esta región.
En ese contexto, se ofrece información sobre el perfil sociodemográfico de ambos sexos y se pone énfasis en la participación política de cada uno en los espacios de toma de decisión pública, entendiendo que un asunto central en las reflexiones sobre género-Estado-democracia refiere a la crisis de representación que enfrenta el sistema político de la región. A continuación, se repasa brevemente la situación con respecto a las políticas públicas para la equidad de género en la región, bajo la premisa de que la decisión de impulsarlas es producto del consenso regional (y mundial) de que no es posible concebir el desarrollo manteniendo la exclusión y discriminación histórica de la mitad de las mujeres.
A partir de estos elementos, se presenta finalmente un conjunto de reflexiones con la intención de imaginar los posibles escenarios para una modernización de nuestros Estados latinoamericanos, cuyo fin sea avanzar en el desarrollo de la calidad de vida de la pluralidad de poblaciones que lo conforman, con criterios de equidad de género.
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Uno de los principales instrumentos para generar cambios en las sociedades es la generación de normas. Por ello, la promoción de la equidad e igualdad de género ha encontrado en las leyes a uno de sus principales aliados. Algo que ha quedado muy claro para las defensoras históricas de los derechos de las mujeres en Costa Rica.
Por ello, no es casual que a nivel regional se reconozca a este país como uno de los que más ha avanzado en la eliminación de aspectos discriminatorios contra las mujeres a través de leyes, así como en la aprobación de normas de acción afirmativa para provocar cambios más acelerados en la sociedad para la participación efectiva de mujeres en espacios de toma de decisión o incluso, como ha sucedido recientemente, en la introducción de los principios de igualdad y paridad en el sistema electoral.
Hasta hace poco, la generación de estas normas había tenido como objetivo afectar sobre todo el nivel nacional del país y, sin embargo, en el último decenio, con el progresivo impulso a la descentralización del poder gubernamental hacia las Municipalidades, los esfuerzos para promover la igualdad y equidad de género se han orientado hacia normas específicas para ese nivel de actuación estatal y social.
Es así como desde las reformas de 1998 al Código Municipal, que es el principal cambio normativo en la perspectiva planteada hacia el fortalecimiento del régimen municipal, se ha planteado una serie de modificaciones a ese cuerpo normativo para introducir especificaciones en materia de género, que han logrado concretarse en varias leyes. La principal de estas leyes reformadoras del Código Municipal en cuanto a género, es la Ley No. 8679 («Modificaciones varios artículos del Código Municipal»), aprobada en 2008 y aunque importante, pero en menor grado, la Ley No. 8801 de 2010 («Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades»).
Los cambios introducidos en el Código Municipal con estas leyes de 2008 y 2010 requieren ahora de un proceso de reconocimiento, apropiación y operativización. Se trata de normas que establecen la obligatoriedad de aplicar un enfoque conceptual género inclusivo en el quehacer de las Municipalidades, esto es, que considere las particularidades de mujeres y hombres en cuanto a su contribución al desarrollo y, en consecuencia, en el beneficio que ambos deben percibir del desarrollo que provocan. La aplicación de este enfoque es novedosa para las Municipalidades y sus funcionarios/as, por lo que es necesario reforzar y desarrollar un proceso intensivo de capacitación y sensibilización en materia de género.
Por otra parte, las modificaciones al Código Municipal introducidas por la Ley No. 8679, establecen cambios en diferentes ámbitos, desde la definición de políticas municipales en materia de género, hasta cambios en los procesos de planificación, presupuestación, formación y reclutamiento del recurso humano de las Municipalidades.
Estos cambios requieren, por tanto, no sólo de conocimientos teóricos en materia de género, sino, sobre todo, de índole metodológica, que faciliten a los funcionarios/as municipales, así como de otras entidades (como la Contraloría General de la República y las entidades del gobierno central, así como a las agencias de cooperación y otras que apoyan el fortalecimiento de los gobiernos locales), a aplicar criterios de equidad de género en su quehacer diario.
Este documento tiene como fin servir de base para ese necesario proceso de capacitación, sensibilización y apropiación de las normas en materia de género del Código Municipal vigente. Ha sido elaborado por la especialista en género Ana Isabel García Quesada, quien ha propuesto su preparación a las autoridades del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y el Consejo Nacional de Capacitación Municipal (CONACAM). Estas tres entidades, conscientes de la importancia de contar con un instrumento de estas características, han unido sus recursos con ese fin y se complacen en presentar este valioso instrumento, que sin duda será de gran utilidad tanto para las mujeres, como, especialmente, para autoridades y funcionarios/as municipales encargados de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los y las habitantes de los cantones de todo el país.
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Este libro es el producto de una de las Mesas de Diálogo que mantiene abiertas el Centro de Estudios Democráticos de América Latina (CEDAL). En los debates de las Mesas de Diálogo se han enfocado con rigurosidad analítica los principales problemas estructurales de Costa Rica: la Educación, la Reforma del Estado, las percepciones y respuestas a la corrupción, la Reforma Política, los temas económicos y fiscales. Su objetivo principal es el de producir propuestas y respuestas a dichos problemas estructurales de nuestra sociedad, proporcionando insumos e instrumentos a tomar en cuenta por parte de los jerarcas de la administración pública y otros tomadores de decisiones en el aparato del Estado.
Los contenidos de «Desigualdad y pobreza en Costa Rica» son el producto de la discusión interna entre sus autores. Cada uno contribuye con su perspectiva complementaria en la valoración de la pobreza y la desigualdad en Costa Rica. ¿Disminuye la pobreza en el país? ¿De qué depende? ¿Disminuye la pobreza, pero aumenta la desigualdad? ¿Es muy desigual la sociedad costarricense en el contexto latinoamericano? ¿Cómo está operando en esa evolución el sistema educativo? Estas preguntas pueden tener una respuesta lo más rigurosa posible, pero es el cruce de ellas lo que permite un análisis sustantivo y ponderado.
Investigación realizada de manera conjunta por la Unión Interparlamentaria (UPI) y el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) que evalúa la situación de los Parlamentos latinoamericanos en relación a la sensibilidad de género, evidenciando buenas prácticas y los desafíos pendientes en la materia. El proyecto estuvo coordinado por Sonia Palmieri, quien contó con el apoyo de Kareen Jabre y Zeina Hilal, de parte de UPI y de Kristen Sample y Beatriz Llanos, de parte de IDEA Internacional. Las autoras del texto son Jutta Borner y Jutta Marx, quienes tomaron como base cinco informes nacionales, realizados por las siguientes investigadoras a partir de la aplicación de cuestionarios elaborados expresamente para este proyecto: Jutta Marx y Jutta Borner (Argentina), Dunia Mokrani y Patricia Chávez (Bolivia), Ana Isabel García Quesada (Costa Rica), Daptnhe Cuevas (México) y Beatriz Llanos (Perú). La sistematización de la información de los cuestionarios estuvo a cargo de Juana Nina. Asimismo, las siguientes investigadoras revisaron el texto y proporcionaron valiosos comentarios: Carolina Floru (Bolivia), Diana Espinosa (Colombia), Solanda Goyez (Ecuador), Rossana Andía y Alicia del Águila (Perú).
IDEA-Parlamentos-Sensibles-Al-Genero
Estudio sobre cómo la evolución de la política social y la madurez del sistema político democrático costarricense han permito crear en los ciudadanos(as) una conciencia de equidad de género, facilitando la aprobación de normas y su correcta aplicación. En un primer capítulo, el documento presenta un resumen sobre el contexto sociopolítico en que se ha producido la evolución de la situación y condición de género de las mujeres costarricenses. Posteriormente, ofrece información acerca del marco normativo en que se ubican las leyes relacionadas con la participación política de las mujeres, así como de la evolución de la participación por sexo en puestos de elección popular. Por último, presenta un listado de retos que enfrenta la sociedad costarricense, para que la aspiración de que el poder político sea equitativamente accedido por mujeres y hombres se convierta en una realidad, más allá de los números.
Por criterios de equidad-de la medida temporal al principio de paridad-TSE
El documento que sigue a continuación fue elaborado para el Proyecto “ProDeMujer, Fortalecimiento de los derechos y de prevención de la violencia contra las mujeres desplazadas líderes o las que se han hecho visibles” de la agencia de cooperación alemana al desarrollo, GIZ, que es implementado por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). El proyecto tiene la finalidad de fortalecer los derechos de la mujer desplazada y el desarrollo de programas nacionales para conseguir tal efecto.
Para alcanzar este propósito general, ProDeMujer toma como punto de partida el apoyo al programa décimo consignado en el Auto 092 emitido por la Corte Constitucional en 2008, referido a la Promoción de la Participación de la Mujer Desplazada y de Prevención de la Violencia Sociopolítica contra las Mujeres Líderes o que adquieren Visibilidad Pública por sus Labores de Promoción Social, Cívica o de Derechos Humanos. En otras palabras, prevención y protección de las mujeres que participan visiblemente, para así posibilitar esa participación de forma efectiva en las políticas públicas que las conciernen.
En ese sentido, como se afirma en el marco de la oferta del proyecto al Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), este “desarrollará actividades en dos campos de intervención complementarios: (1) en el fortalecimiento de las instituciones estatales para una mejor formulación, planeación e implementación de programas nacionales para el avance de los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento y (2) en el fomento de la sociedad civil, especialmente de las mujeres en situación de desplazamiento y de sus redes y organizaciones, para la construcción y realización de esos programas”.
El proyecto ProDeMujer tiene un particular interés por incorporar la problemática de las mujeres desplazadas en el curso principal de las políticas públicas dirigidas a mejorar la condición de la población desplaza en Colombia. Para poder hacerlo necesita reconocer con alguna precisión la fluida coyuntura que presenta el sistema de políticas públicas del país, a partir del hecho de que el inicio del proyecto tiene lugar al mismo tiempo que comienza el mandato de la nueva administración del Presidente Juan Manuel Santos.
En este contexto, el interrogante principal que surge al respecto puede formularse así: ¿Se inscribirá la demanda específica de las mujeres desplazadas en la corriente principal de las políticas públicas de la nueva Administración del Presidente Santos? Ciertamente, la pregunta podría parecer retórica si no fuera porque se basa en una larga experiencia acumulada. En teoría, la respuesta sería indudablemente afirmativa, porque podría argumentarse que no solo puede sino que debe ser así. Sin embargo, en la práctica social y política, las cosas no son tan sencillas.
En primer lugar, porque como se reconoce en diversos documentos del Gobierno y de la Corte Constitucional, las políticas generales para la población desplazada no se han ubicado hasta ahora en ese nivel de las políticas públicas (la corriente principal). De hecho, todavía pesa sobre la agenda pública la determinación de la Corte Constitucional (Sentencia T-o25) del “estado de cosas inconstitucional” por la falta de respuesta del Estado para proteger el goce de derechos de la población desplazada.
En segundo lugar, como se reconoce internacionalmente, la diferenciación por razones de género de las particulares condiciones y necesidades de las mujeres al interior de una problemática general no siempre se identifica claramente. De hecho, por decirlo de forma menos optimista, regularmente tales diferencias no se reconocen.
Ahora bien, quizás, para no inducir a confusiones, sea necesario un breve inciso conceptual. Existe una cierta polarización al respecto que no favorece una perspectiva amplia: de un lado, hay quienes consideran que las condiciones y necesidades de mujeres y hombres siempre son distintas; del lado contrario, se sitúan quienes consideran que tales condiciones son en general semejantes (por lo cual no es necesario hacer el esfuerzo por diferenciarlas). Sin embargo, el enfoque de género, lejos de inclinarse por cualquiera de ambos extremos, considera que precisamente el análisis (de género) el que determina cuando las condiciones y necesidades de mujeres y hombres son similares y cuando son diferentes.
Salvado el punto, la pregunta inicial sobre si será posible que la demanda de las mujeres desplazadas se inscriba en la corriente principal de las políticas del Gobierno entrante, no parece que pueda responderse por separado de la suerte que puedan correr las políticas generales para la población desplazada, lo cual indica que además de ese primer reto (políticas para población desplazada en la corriente principal de las políticas públicas), habrá que profundizar en el reto específico de si las necesidades de las mujeres serán procesadas en el ese nivel de la gestión pública.
Una mirada rápida sobre este panorama de las políticas públicas (PP) en la transición gubernamental tiene entonces sentido, no sólo para identificar posibles vías de entrada para poder dar una respuesta positiva al mencionado interrogante, sino también porque, en cualquier caso, es conveniente documentar el esfuerzo por reconocer con la mayor claridad posible el contexto de las PP en que se va a situar un proyecto que inicia, como es el caso de ProDeMujer. Así, documentar esta situación de contexto también es el propósito de esta consultoría.
Este Informe busca así un primer reconocimiento de esta coyuntura marcada por la fluidez y un cierto grado de incertidumbre. Para hacerlo, se compone de los siguientes elementos. En primer lugar, se busca realizar una lectura rápida del contexto sociopolítico transicional en que se encuentra el país. Seguidamente, se describe el sistema de políticas públicas existente, los cambios incipientes y la posibilidad de identificar el nivel de la corriente principal de las PP en Colombia. A continuación, se examina la situación de las PP para el desplazamiento y su relación con la intervención de la Corte Constitucional. Con posterioridad, se profundiza sobre la política para la mujer desplazada, en relación con el auto 092 y su futuro cumplimiento. Ello se relaciona seguidamente con la evolución de las PP nacionales sobre mujer y equidad de género. Seguidamente, se examina el tema de las PP sobre desplazamiento en los territorios, especialmente para los casos de Cartagena y Bogotá. Luego se hace una lectura de la nueva coyuntura creada con el inicio del Gobierno y sus perspectivas, sobre todo en relación con la previsible aprobación de la Ley de Víctimas. Y finalmente, se realizan conclusiones y recomendaciones para el proyecto ProDeMujer.
El cuadro general de la violencia y la criminalidad en América Latina ha dejado ya de ser un territorio ignoto, para presentar algunos segmentos bastante identificados, al mismo tiempo que conserva otros en los que la evidencia no está tan clara y, sobre todo, lo que es peor, mantiene algunos mitos cognitivos de difícil remoción. Uno de los ámbitos que concentra identificación precaria, mitología abundante e indiferencia social es precisamente el referido al segmento poblacional que está pagando la principal factura vital de la inseguridad en América Latina: la población joven y en particular los jóvenes varones.
Es cierto que ya se tiene información general sobre el hecho de que el indicador grueso de la criminalidad, el homicidio, es en la región un fenómeno principalmente juvenil, a diferencia de lo que sucede en el resto del mundo: la población joven representa el 36.6% del total de homicidios en América Latina, frente al 16,1% en África, el 12% en Norteamérica, el 2,4% en Asia, el 1,6% en Oceanía y el 1,2% en Europa (Soleterre, 2008). Pero no se percibe con claridad lo que ello significa específicamente para dicha población en términos demográficos y sociales. Por ello, por ejemplo, en un país de alta violencia, como El Salvador, donde la tasa nacional de homicidios fue en el 2009 de 70 por cien mil habitantes, cuando se muestra que la tasa específica de jóvenes varones fue ese año de 270 por cien mil, es posible percibir cómo muchos tomadores de decisiones no pueden evitar una mueca de incredulidad.
La consecuencia más negativa de ello es que el conocimiento general sobre la matanza de jóvenes, principalmente varones, no corresponde con políticas públicas consistentes en la materia. Ello guarda relación con factores que se examinarán posteriormente, pero que ahora conviene adelantar dos de ellos. El primero, se refiere a que existe una fuerte tendencia en las sociedades violentas a culpabilizar sin más a los jóvenes o bien a considerar que es natural su mayor mortandad. El segundo, guarda relación con la dificultad política y mediática de la población joven para mantener y elevar la voz como sujeto social. Así, una medición preliminar de medios de prensa en Guatemala mostró que otros sectores y colectivos organizados (transportistas, mujeres, etc.) tienen mucha mayor capacidad y posibilidad de consignar en los medios sus denuncias por homicidios, que en el caso de los jóvenes Pero además, es que también entre los propios jóvenes la percepción y el acostumbramiento a estos niveles de victimización es mayor que en el resto de la sociedad (García y Gomáriz, 2005).
En otras palabras, la matanza de población joven por causa de violencia constituye una realidad dramática, pero de percepción difusa y discreta en las sociedades latinoamericanas, especialmente en las más violentas, por paradójico que pudiera parecer. Para complicar más el panorama, la población adulta tiene serias dificultades para evitar una visión segmentada y adultocrática del problema (y no simplemente por la tendencia de algunos sectores de culpar a los jóvenes de la violencia, como se verá más adelante).
Así pues, el propósito de este ensayo consiste en mostrar la verdadera relevancia del fenómeno de la participación y victimización de los jóvenes en la violencia social en la región y su relación con la velada percepción social existente, para señalar la necesidad de un cambio consistente en cuanto a la respuesta pública y las políticas al respecto, así como los principales elementos de este cambio.
Para conseguir ese propósito, este ensayo desarrolla varios apartados. En primer lugar, realiza una revisión de algunos elementos que refieren al marco conceptual de esta temática. En segundo lugar, muestra la dimensión de la participación y victimización de los jóvenes en la violencia y criminalidad latinoamericana, profundizando en el caso de los países de un nivel más elevado. En tercer lugar, muestra la naturaleza de la violencia juvenil, especialmente la referida a las pandillas, tanto en el plano del diagnóstico como en el de la respuesta pública. Finalmente, reflexiona sobre la forma de enfrentar el problema en el contexto de una política de Estado en materia de seguridad ciudadana.
La devastación silenciosa jóvenes y violencia social en América Latina
2010
El presente documento muestra los resultados de una investigación social que analiza los procesos investigativos desde un enfoque de género y su articulación con las políticas públicas en El Salvador.
La investigación debe generar los conocimientos y datos necesarios que apoyen a la política pública, pero también ésta debe, a su vez, fomentar y orientar la investigación de tal manera que permita a la sociedad atender las demandas de cambio social.
Sin embargo, cuando estos cometidos se realizan sin enfoque de género, tanto las políticas públicas como la investigación fallan en ser herramientas de cambio social para la igualdad de género.
El actual estudio se enfoca en las capacidades existentes y necesarias para la generación de conocimiento de género, vinculadas al ciclo de las políticas públicas en El Salvador. Por lo anterior, esta investigación tiene un doble objetivo: por un lado, conocer el estado de estas capacidades para la investigación de género en El Salvador y la forma cómo ésta se vincula con el diseño de políticas públicas, prácticas de desarrollo y abogacía para la igualdad de género, y, por otro, contribuir con recomendaciones para fortalecerlas para que dicha investigación constituya un apoyo efectivo en el ciclo de dichas políticas y las acciones de desarrollo.
2009
En este libro se analizan los desafíos de la cohesión social a través de enfoques más incluyentes que abordan los análisis de la pobreza, la exclusión social, la equidad y los derechos humanos de las y los latinoamericanos y caribeños.
Los temas y la agenda social tienen componentes colectivos, son multifacéticos y requieren de enfoques integrales, interinstitucionales, intersectoriales y multidisciplinarios. Desde sus inicios hace más de medio siglo, FLACSO fue concebida como espacio de interlocución regional para la producción de nuevos conocimientos y corno punto de encuentro entre la academia y el mundo de las políticas públicas locales, nacionales y regionales que contribuyeran de manera importante en los procesos de integración y en el desarrollo latinoamericano y caribeño.
El desarrollo social está estrechamente condicionado a la productividad, la competitividad y la generación de empleos. Para que la política social sea efectiva, la política económica debe promover un crecimiento sostenido e incluyente. Sin producción y sin empleo e inversión, no puede haber distribución; y sin distribución, no hay equidad ni acceso a los bienes públicos.
Las características de una sociedad y sus problemas son cambiantes, por lo que no se puede pensar en políticas sociales inmutables. Debe promoverse permanentemente el análisis, el debate y la discusión del concepto de desarrollo humano, lo que favorece una visión integral del progreso.
En los últimos años las Ciencias Sociales han realizado esfuerzos dirigidos a convertir el concepto de cohesión social (integración social) en instrumento de medición tanto de los procesos de integración, como de los grados de desintegración que sufren las sociedades, principalmente por la mejora en el acceso a la educación, salud, vivienda, alimentación y, en especial, la superación de la indigencia y la pobreza. Los Estados tienen un significativo papel al establecer y ejecutar políticas públicas que faciliten sistemas de distribución de la riqueza que reduzcan las desigualdades y la pobreza, y fomenten una inclusión real de las y los ciudadanos.
Este aporte de FLACSO contribuye de manera importante a los múltiples debates en torno a la interdisciplinaridad que propone el análisis de lo social en términos de los grados de libertad que tienen las personas en una sociedad que les permita alcanzar no sólo sus necesidades básicas, sino también su participación política y pertenencia cultural.
Este libro, Cohesión Social y Políticas Sociales en Iberoamérica, recoge los trabajos que originalmente fueron presentados en el contexto de la conmemoración de los 50 años de FLACSO. En el desarrollo de esta iniciativa contamos con la colaboración y el apoyo de la Fundación Carolina, de España, a la cual le expresamos nuestro agradecimiento y reconocimiento; en especial a su Directora Rosa Conde, quien participó en estos debates y ha impulsado, de forma consistente, el análisis y las discusiones sobre cohesión social.
En esta obra se presentan ocho trabajos que, desde diversos puntos de vista, orientaciones profesionales y orígenes institucionales, estudian la cohesión social en la región latinoamericana e Iberoamérica. A partir de estos trabajos preparados por reconocidos académicos, altos funcionarios públicos y de organismos internacionales, es posible continuar el debate sobre esta importante temática, de cuyos resultados y de las recomendaciones que se construyan será posible mejorar el desarrollo humano en los diversos países iberoamericanos. Más aún, en el contexto de una crisis financiera internacional que afecta gravemente la agenda de desarrollo, la integración y la cohesión social luego de un muy importante período de crecimiento. Reafirmar los conceptos sobre cohesión social y políticas sociales para la promoción del desarrollo humano es una herramienta esencial para la estabilidad democrática y la paz.
El presente informe se compone de tres capítulos. En el primero se hace una revisión conceptual del enfoque que debería sustentar el modelo de desarrollo, las políticas públicas y todas las acciones de carácter programático, a fin de que conduzca a la construcción de una sociedad democrática que le brinde tanto a hombres como a mujeres igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. Este marco conceptual pone la igualdad de género como un elemento base para el proceso de desarrollo, ligándolo con otros aspectos fundamentales: los derechos humanos, la inclusión social y el enfoque de Desarrollo Humano Sostenible.
En el segundo capítulo se brinda información sobre las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en los cuatro temas de este informe. Para cada tema se ofrece el contexto en el que tienen lugar las asimetrías, identificando la compleja relación entre el contexto y las desigualdades de género. Asimismo, se describen en términos generales la institucionalidad existente y las principales acciones implementadas en la materia. Este capítulo también da recomendaciones específicas para cada tema.
Finalmente, en el tercer capítulo el informe recoge las acciones estratégicas que el Estado debe poner en marcha con la finalidad de caminar hacia la igualdad de género. Estas acciones giran en torno a tres grandes líneas: a) institucionalidad, b) financiamiento y c) participación de la sociedad civil y la creación de mecanismos de concertación entre actores y actoras.
2007
El cuaderno que aquí se presenta está compuesto por dos textos sobre las izquierdas en América Latina, que conforman lo que -al estilo clásico- se reconoce como un esfuerzo de “balance y perspectivas”. Incluso puede afirmarse que, sin habérnoslo propuesto de antemano, esa es un poco la división del trabajo que aparece entre ambos ensayos.
En efecto, el primero es mucho más una visión retrospectiva y un balance de la razón revolucionaria, aunque también haga algunos alcances sobre el futuro inmediato de la izquierda; mientras que el segundo texto es, a la inversa, mucho más una mirada al horizonte, desde un presente referido a lo que significa ser de izquierdas en los inicios del siglo XXI.
Sin embargo, ambos textos han tenido una motivación similar: responden a sendas convocatorias hechas en 2006 y 2007 por la Fundación Friederich Ebert (la segunda en el marco del III Congreso Centroamericano de Ciencias Políticas) para reflexionar sobre la izquierda centroamericana –y latinoamericana- y sus posibilidades de orientar sustantivamente el desarrollo en la región. Desde luego, estas convocatorias hay que situarlas en un cuadro más amplio: responden a un momento histórico en que el apoyo ciudadano a las fuerzas progresistas y de izquierda crece apreciablemente en América Latina, hasta conducirlas al gobierno, como ha sucedido en una serie significativa de países. Pero también creemos que uno de los rasgos que tiene ese ascenso es que sucede cuando todavía está lejos de agotarse el debate sobre las ideas y las estrategias que han marcado a la izquierda en el pasado.
Y si hay algo en lo que ambos coincidimos es precisamente en eso: que las izquierdas no pueden enfrentar el futuro sin revisar si los instrumentos y aperos que necesitan para el camino son o no los adecuados. Hemos de advertir que no estamos hablando de detalles o tácticas puntuales, sino de conceptos y estrategias centrales: ¿hay que abandonar definitivamente el paradigma de la revolución violenta para transformar la sociedad? ¿Si así fuera, qué consecuencias últimas tendría eso? ¿Se convertiría el paradigma reformista en la única vía posible para el cambio social? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de las experiencias del siglo XX? ¿Puede seguir siendo la democracia simplemente un instrumento, más o menos accesorio, para la izquierda, o adquiriría definitivamente un valor sustantivo?
Ahora bien, el hecho de que ambos textos confluyan en la necesidad de despejar sin paliativos estas gruesas interrogantes, no disminuye la evidencia de que parten de orígenes y preocupaciones diferentes.
Las Notas para una crítica de la razón revolucionaria parten de la necesidad, varias veces postergada, de sacar a la superficie un ajuste de cuentas personal con un pasado atrapado en el paradigma revolucionario, que hace tiempo, mucho tiempo, debió haberse hecho colectivamente. Y de hacerlo sin disimulos, con la rabia y el desgarramiento que produjeron.
Por su parte, ¿Qué significa ser de izquierdas en el siglo XXI?, se plantea como una interrogante surgida desde el otro lado de las preocupaciones: ¿Sigue teniendo sentido la diada izquierda-derecha en el siglo XXI? ¿Cómo puede cambiar de parámetros estratégicos la izquierda latinoamericana y mundial, sin perder sus principios fundamentales referidos a la emancipación del ser humano? ¿Cómo revalorizar la democracia sin levantar el pié del acelerador en la marcha contra la desigualdad, o dicho de otra forma, sin sobrerenovarse como dice Jorge Arrate que le ha pasado a sectores de la izquierda democrática chilena?
Desde luego, antes de publicarlos juntos, cada uno de nosotros ha leído el texto producido por el otro y le ha hecho observaciones, las cuales han corrido una suerte inversamente proporcional a la tozudez del interlocutor. Sin embargo, pese a las discusiones y también debido a ellas, las reflexiones han acabado confluyendo en este cuaderno sobre las izquierdas en América Latina, aunque las responsabilidades sobre cada texto sigan siendo personales e intransferibles.
Edelberto Torres-Rivas Enrique Gomáriz Moraga Ciudad de Guatemala, agosto del 2007
Qué significa ser de izquierda
2006
Este documento ha sido elaborado pensando en ustedes, funcionarias y funcionarios municipales, técnicos y personas involucradas en la gestión municipal. Este manual se preparó siendo conscientes de que los gobiernos municipales en la actualidad enfrentan nuevos desafíos que les demandan asumir competencias y roles no tradicionales, para satisfacer las expectativas y demandas de la ciudadanía, esperando que sus gobernantes locales propicien espacios de participación donde puedan dialogar y negociar sus demandas y canalizar sus esfuerzos.
Ante esta realidad, desde nuestras instituciones creemos que para que estos roles y competencias sean asumidos con calidad se requiere, por un lado, modernizar la gestión municipal y por otro, que ésta incorpore de manera integral el enfoque de equidad de género, que brinda igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la gestión del desarrollo de su territorio.
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/08624.pdf
El documento que se describe a continuación corresponde al informe final del proyecto de la Fundación Friedrich Ebert (FES) que trata de examinar propuestas de atención de la violencia intrafamiliar (VIF) como parte de una política integral de seguridad ciudadana en el plano municipal. Con el desarrollo del proyecto, se ha hecho evidente que para examinar y proponer métodos de actuación contra la VIF en el plano local, resulta necesario identificar con claridad las experiencias de los gobiernos municipales en materia de seguridad ciudadana. De esta forma, de conformidad con la FES, se ha preferido describir las políticas municipales de seguridad ciudadana, identificando en ese contexto la problemática de la violencia intrafamiliar y de género.
Existe coincidencia en los estudios recientes que se realizan desde un enfoque de género, acerca del doble problema existente al respecto: por un lado, los diagnósticos sobre violencia social y las correspondientes propuestas en materia de seguridad ciudadana no incluyen de forma trasversal el enfoque de género, y, por el otro lado, el esfuerzo cognitivo y operativo que se ha desarrollado sobre violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar, no se contextualiza con rigor en el cuadro general de la violencia social, ni en el marco real de las políticas de seguridad ciudadana.
Los efectos negativos de ambos tipos de problemas son cada vez más perceptibles. En general, los diagnósticos y políticas sin enfoque de género, no captan las diferencias que existen en cuanto a la violencia entre mujeres y hombres, lo que suele conducir a una pérdida de percepción de las especificidades que presenta la violencia contra la mujer y en especial en el ámbito intrafamiliar. Ahora bien, por otro lado, el examen y las propuestas que se realizan sobre violencia contra la mujer, de forma segmentada y al margen del análisis sobre la violencia social general, pierden la posibilidad de dimensionar esta problemática de manera rigurosa, lo que suele conducir al rechazo o el descrédito de ese tipo de planteamientos, por buena parte de los analistas y tomadores de decisiones en materia de políticas de seguridad.
En el plano del diagnóstico, ambos tipos de problemas contribuyen a sendo desenfoques tendenciales. Desde quienes no observan la violencia social con enfoque de género, se suele señalar que las mujeres sólo son una pequeña proporción de las víctimas de homicidio (en torno al 10% como promedio en la región), sin percibir el peso específico que tiene la violencia de género en los asesinatos de mujeres, ni captar que esa baja mortalidad relativa existe al mismo tiempo que una alta morbilidad específica de las mujeres.
Por su parte, quienes examinan la violencia contra la mujer al margen del contexto general de la violencia social, suelen presentar percepciones difícilmente respaldadas por la información estadística disponible, confundiendo con frecuencia categorías y, sobre todo, sin hacer las comparaciones pertinentes entre mujeres y hombres. Así, una tendencia frecuente en esta perspectiva, consiste en hablar de asesinatos de mujeres en cifras absolutas y no también mediante cifras relativas, que permitan evidenciar la composición por sexo de los homicidios ni otras agresiones contra la vida y la integridad de las personas. De esta forma, cuando se habla, por ejemplo, del crecimiento del número de asesinatos de mujeres, sin dar las cifras globales sobre la evolución de asesinatos, nunca puede saberse si se trata de una tendencia específica que afecta a las mujeres o se trata de un fenómeno general de aumento de los efectos letales de la violencia social en general.
Una visión integral, que ubique la especificidad de la violencia contra las mujeres en el contexto más general de la violencia social, permite una percepción más perfilada al respecto. De igual forma, la visión integral de la estrategia general contra la violencia social debe combinar la existencia de un marco común, donde están incluidas todas las expresiones de violencia, con las herramientas específicas para enfrentar cada una de ellas. En tal sentido es importante consignar la apreciable especificidad que presenta la violencia intrafamiliar y de género, así como las actuaciones para enfrentarla. Sin embargo, el reconocimiento de esa especificidad no significa que ese tipo de violencia, y los sectores más preocupados por el mismo, puedan quedarse al margen del acuerdo social y político para enfrentar la nueva violencia social.
En este marco estratégico conjunto es recomendable reconocer que la respuesta contra la violencia de género comparte un conjunto de respuestas institucionales (recursos financieros, técnicos y humanos) que pertenecen al mismo sistema de seguridad ciudadana; el cual presenta una debilidad sistémica y ha sido puesto en jaque –o amenaza con hacerlo- por la emergencia de la nueva violencia social, cuyas principales víctimas no son las mujeres sino los jóvenes varones y, en general, los hombres.
Por esa razón, las respuestas a la violencia social y la criminalidad deben tender a la conformación de políticas integrales de seguridad ciudadana, que no desconozca la especificidad de la VIF. Al mismo tiempo, habrá que examinar las estrategias nacionales y locales de combate de la VIF en relación con las políticas de seguridad ciudadana, tanto en términos de recursos, como en términos de integración programática; es decir, como parte integral de este tipo de políticas públicas.
De esta forma, este documento está integrado por los siguientes segmentos: en primer lugar, se describe el marco situacional referido tanto al diagnóstico sobre violencia social y VIF como a las respuestas y estrategias públicas desarrolladas hasta el momento; a continuación, se realiza una descripción de la experiencia de cuatro municipios seleccionados en razón de la asistencia técnica que brinda la FES en cuatro países de la región (Santa Tecla en El Salvador, Santa Lucía en Guatemala, San Miguelito en Panamá y San José en Costa Rica); seguidamente, se sistematiza y compara esta experiencia para identificar los núcleos duros de una política municipal de seguridad ciudadana con enfoque de género; finalmente, se apunta la propuesta de una política integral de seguridad ciudadana que incluye la especificidad de la VIF, todo ello de lo nacional a lo local.
POLITICAS MUNICIPALES DE SEGURIDAD CIUDADANA
Although highly controversial, electoral gender quotas have been introduced recently in a large number of countries around the world to improve women’s representation in national parliaments.
Women, Quotas and Politics offers the first global comparative analysis of the new trend to introduce gender quotas in public elections — written by researchers from all major regions in the world. This book presents cutting-edge research about the discursive controversies and actual implementation processes in countries with quota provisions. Providing a quantitative and qualitative assessment of these quotas in a variety of political systems, from developing nations and new democracies to established democracies, the contributors evaluate how they have been implemented; where these quotas have succeeded and failed; and how they can con-tribute to the political empowerment of women.
Making an important contribution to our knowledge about gender politics worldwide, this book will be of interest to NGOs, to students and scholars of democracy, electoral systems, policy-making, comparative politics and gender studies.
2005
A SÉRIE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL expressa a efetiva colaboração tanto da Representação do IICA no Brasil quanto do Fórum Permanente de Desenvolvimento Rural Sustentável em busca do desenvolvimento agrícola e do bem-estar das comunidades rurais.
Reúne artigos assinados por renomados profissionais nacionais e internacionais com o objetivo de difundir e suscitar o intercâmbio de conhecimentos e de iniciativas bem-sucedidas de desenvolvimento sustentável no meio rural, promovidos por instituições acadêmicas, instituições governamentais e não governamentais e organizações da sociedade em geral.
Série Desenvolvimento Rural Sustentável – volume 2
2004
http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/10509
Capítulo 5. Financiamiento político y perspectiva de género (García, Ana Isabel)
El desarrollo democrático que ha tenido lugar en el continente americano en las últimas décadas ha contribuido significativamente a la consolidación de las libertades civiles y políticas en el hemisferio y ha reafirmado, asimismo, el valor de los procesos electorales como el mecanismo legítimo para la elección de las autoridades políticas. Como consecuencia de esta evolución, el papel de los partidos políticos ha cobrado relevancia fundamental para el funcionamiento de la democracia, sin cuya existencia ésta no sería viable.
En este marco, la consolidación de la competencia electoral se ha consagrado como uno de los grandes desafíos para la estabilidad y funcionamiento de la democracia. De este modo el fortalecimiento de los partidos políticos y la institucionalización de los sistemas partidarios, que agreguen y representen adecuadamente las aspiraciones e intereses de la ciudadanía» se erigen como una prioridad ineludible. Por otra parte, la organización y mantenimiento de un partido político y la participación en los procesos electorales son actividades que requieren suficientes recursos financieros, estableciéndose así un nexo inevitable entre dinero, partidos políticos y campañas electorales.
Esta relación, fundamental para la calidad de la democracia, generó en los últimos años inquietudes crecientes al constatarse que el ingreso de fondos provenientes de fuentes privadas ha comprometido, en muchos casos, la autonomía de los partidos y de las autoridades políticas a la hora de desempeñar sus funciones. Del mismo modo, el tema del financiamiento público ha generado un amplio debate sobre sus bondades y limitaciones.
La combinación de estos elementos ha motivado, en actores diversos, la búsqueda y la puesta en marcha de mecanismos dirigidos a garantizar una mayor equidad y transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales.
En este sentido y sobre la base de la premisa compartida de que el financiamiento de la política es hoy uno de los principales desafíos para la salud y la calidad de la democracia, la Organización de los Estados Americanos e International IDEA acordaron desarrollar un proyecto de investigación sobre este tema en 34 países de América Latina, Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y el Caribe.
Esta investigación presenta el estado del arte de las normas y prácticas del financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales en el continente a partir de cinco enfoques temáticos: sistema de financiamiento, acceso a los medios de comunicación, rendición de cuentas y divulgación, órganos de control y régimen de sanciones, y perspectiva de género. El estudio, actualizado a diciembre del 2003, se entrega en tres informes: uno para los 18 países de América Latina, publicado en español; el segundo para Estados Unidos y Canadá, publicado en inglés, y un tercero que abarca a los 14 países del Caribe, también en inglés.
Se trata, tanto en su conjunto como individualmente, de una obra de consulta práctica, una herramienta de trabajo, que esperamos sea de utilidad para los políticos, los administradores electorales, las organizaciones de la sociedad civil y los académicos.
Aspiramos a que sirva para profundizar en el estudio y debate sobre el desafío que para la democracia representa resolver adecuadamente la relación entre el dinero y la política, y contribuir a su vez a promover las reformas dirigidas a mejorar las condiciones de equidad y los niveles de transparencia del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales.
De las normas a las buenas prácticas Cap 5
Este documento tiene por objetivo hacer un Estado del Arte de la información disponible sobre género y financiación de partidos políticos y sus campañas en Latinoamérica. Para ello, se ha realizado una revisión de las reflexiones sobre la materia publicadas y puestas a disposición en espacios cibernéticos, incluyendo aspectos normativos e institucionales, así como consultas con especialistas y líderes de diferentes países de la región.
En un primer apartado se presenta una breve introducción conceptual a las temáticas de género y financiación de partidos y campañas, así como a la articulación paradigmática actualizada de ambas temáticas. Como parte de esta contextualización, se repasa el panorama sobre género y participación política en América Latina, con énfasis en los puestos públicos por designación y elección a nivel nacional. Asimismo, forma parte de esta ubicación temática el marco normativo sobre género y financiación de partidos y campañas políticos, en el que se consideran los ámbitos internacional, hemisférico y nacional.
El siguiente acápite da cuenta de las implicaciones que tiene para mujeres y hombres el que los sistemas de financiación de partidos y campañas tengan o no dimensión de género. A continuación, se presentan algunos ejemplos de buenas prácticas identificadas en la región. Finalmente, se presentan las principales conclusiones a las que se ha logrado llegar sobre la base de esta información disponible y se formulan recomendaciones para diferentes sectores, a fin de fortalecer la dimensión de género en este ámbito de nuestros sistemas políticos y electorales.
La temática del género ha ido cobrando cada vez más peso en las reflexiones en torno a la problemática del desarrollo rural. Es más, puede afirmarse que el avance de las propuestas de desarrollo rural ha evolucionado en forma paralela a la de las ideas sobre género y mujer rural. Por decirlo de forma sintética, la transición de una estrategia de apoyo al monocultivo a una estrategia que privilegia la integración y la diversificación productivas -y que deja de lado la visión estrechamente agrícola de lo rural- ha ocurrido en forma simultánea al cambio de la filosofía de «Mujer en Desarrollo» a una formulación más integral de «Género en Desarrollo».
El presente documento pone énfasis en tres núcleos temáticos fundamentales. El primero explora la forma más adecuada de integrar las propuestas de desarrollo rural y las propuestas de enfoque de género. En este sentido, como se verá a continuación, parece necesario evitar un error conceptual frecuente: adicionar la temática de género como un asunto subsidiario y aceptar desbalances en cuanto a la actualización de los enfoques de desarrollo rural o de género.
El segundo núcleo temático refiere a la relación entre la perspectiva conceptual y el esfuerzo por realizar un diagnóstico actualizado de la situación estructural del campo en América Latina, especialmente en los países más rurales de la región. Aunque algunos parámetros de género cruzan todos los segmentos sociales rurales y urbanos de nuestro continente, es importante relacionar el enfoque de género con la situación estructural del campo latinoamericano, incluso si ello significa distinguir diferentes tipos de países en la región. Dicho de otra forma, el cruce de propuestas actualizadas en materia de desarrollo rural – en particular del enfoque territorial – y de género no puede desarrollarse únicamente con respecto a aquellos parámetros que son comunes al conjunto del país, sino que debe referirse concretamente al contexto estructural y la situación de pobreza que presentan hoy las zonas rurales, así como a las dinámicas socioproductivas impulsadas por el proceso de globalización.
El tercer núcleo explora las posibilidades que se derivan de la concepción territorial del desarrollo rural sostenible. En efecto, este documento sostiene que el enfoque territorial abre una ventana de oportunidad para visualizar y potenciar la articulación estratégica entre cambio estructural y relaciones de género, haciendo énfasis en la generación de nuevos roles productivos reales y potenciales que produce la nueva articulación entre actividades agrícolas y no agrícolas, y que provocan cambios en las relaciones de género tradicionalmente establecidas en el campo. No obstante, el avance de la puesta en práctica de las nuevas visiones sobre el desarrollo rural puede no ser tan rápido, en términos de evitar el mantenimiento de bolsones de pobreza estructural o su progresiva y descarnada reducción, como efecto dramático de la globalización y por la vía de la migración interna y externa. Lo anterior debe considerarse como algo plausible sobre todo en los países más rurales.
En todo caso, las posibilidades de articulación entre la visión territorial del desarrollo rural y una visión género-inclusiva ofrecen pistas tan promisorias, que conviene destacarlas tenerlas en cuenta para la implementación de las políticas hacia el sector. Además de estos tres núcleos temáticos principales, el documento revisa el proceso de implementación de las políticas públicas para la equidad de género y el desarrollo de las mujeres rurales en varios países de la región. Se realiza un balance comparado de estas políticas públicas y se finaliza con una propuesta de integración del enfoque de género en la acción pública, sobre todo en la perspectiva de la visión territorial del desarrollo rural.
2003
Pocas veces se juntan en una sola publicación tantos aportes teóricos y experiencias prácticas a propósito de la transversalización del enfoque de género en los procesos que buscan la modernización del estado y el desarrollo de las sociedades. Cuarenta textos organizados de acuerdo a cuatro ejes temáticos: reducción de la pobreza y crecimiento económico, seguridad ciudadana, modernización del estado y políticas públicas, todo desde la perspectiva de género. La diversidad de enfoques con que se abordan los temas da cuenta de la variedad de ámbitos de los que provienen los y las autoras: académico, político, estatal, sociedad civil y cooperación internacional. Para alcanzar la equidad social y la equidad de género en la lucha contra la pobreza y la búsqueda de la gobernabilidad democrática, se hace necesario el debate amplio y la promoción de cambios, y a ello quiere contribuir esta publicación.
Esta publicación pretende continuar el esfuerzo iniciado en la Conferencia, contribuyendo a la difusión más amplia de algunas de las reflexiones y experiencias que se compartieron en esa oportunidad, como un medio de incentivar el debate y la promoción del cambio con equidad de género.
La publicación consta de dos tomos que contienen cuarenta de los trabajos presentados por muy diversos actores, de la región y fuera de la región: funcionarios y funcionarias de gobiernos nacionales y de instancias internacionales multilaterales, financieras y de cooperación internacional; Jefes y Jefas de Policías Nacionales de diversos países de la región; académicos de universidades y/o centros de investigación; personas integrantes de organizaciones sociales y no gubernamentales comprometidas con el tema de la equidad de género.
El Tomo I abarca los temas Modernización del Estado y Equidad de Género, y Reducción de la Pobreza, Crecimiento Económico y Equidad de Género. Este volumen consta también de una sección introductoria que aborda aspectos contextuales, prácticos y teóricos, macropolíticos y macroeconómicos, relevantes para la discusión de los diferentes temas trabajados. El Tomo II cubre otros dos temas: el de Equidad de Género en las Políticas Públicas y el de Seguridad Democrática con Equidad de Género. Cada uno de los temas es desarrollado en varios capítulos dedicados a diversos aspectos y/o dimensiones de los mismos.
Género y mujeres rurales en las estrategias y políticas del desarrollo sostenible territorial
Ana Isabel García y Enrique Gomáriza, con la colaboración de Melania Potilla y Celia Barrantes.
Sinopsis No. 4, abril 2003. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
El desarrollo rural se concibe como un proceso centrado en laspersonas, pues el mundo rural se forma y se transforma, gracias a la interacción entre las poblaciones humanas y una gran diversidad de recursos.
El enfoque territorial del desarrollo rural impulsado por el IICA,
visualiza los territorios rurales como unidades de planificación y
gestión del desarrollo, inscritas en un espacio determinado, e
integradas por un tejido social (cultural), unos recursos naturales y una
forma de producción y de organización también específicos.
El desarrollo rural territorial busca superar el agudo contraste que
existe entre el potencial de recursos de que están dotados América
Latina y el Caribe (ALC) y la incidencia de pobreza que aqueja a esa
región. De ahí la necesidad de crear las condiciones necesarias para
lograr una mayor cohesión social y territorial.
Tanto la condición de género, como la relación que se establece
entre los géneros, son una expresión de la diversidad social y cultural
de un territorio. Pero también son referentes de equidad e
integración, que repercuten en el nivel de cohesión social y
territorial.
El avance hacia una propuesta de desarrollo rural más integradora, ha
ido paralelo a la evolución de las ideas sobre la relación entre género
y mujer rural en el desarrollo. Hoy es posible comprender que género
no es sinónimo de “mujer”, sino que se trata de un enfoque
transversal que cruza el conjunto social.
La relación entre la visión territorial del desarrollo rural y un enfoque
inclusivo de género, busca impulsar un cambio en la percepción del
género y lograr una mayor equidad en la asignación de
responsabilidades, entre hombres y mujeres, en la gestión del
desarrollo sostenible.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kzL2yF0VLU4J:legacy.iica.int/Esp/organizacion/LTGC/DesRural/Publicaciones%2520Desarrollo%2520Rural/S.4.2003.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&client=firefox-b-ab
2002
This report is structured around the themes addressed in the Latin American context, providing an overview of the presentations and the discussion that emerged. The full papers submitted by the experts are also included. The themes addressed include comparative experiences of quotas, how to lobby for and implement quotas, the challenges to implementation and enforcement, and democracy and electoral systems. Conclusions and areas for further research are also documented. In this way it is hoped that the report will serve not just as a record of activity but also as a reference and information source for ongoing discussions and planning regarding the political participation of women in Latin America.
The Implementation of Quotas Latin American Experiences
2001
El documento que se presenta forma parte de una serie de estudios de caso encargados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en específico su Programa de Promoción de Género (GENPROM, por sus siglas en inglés), para conocer la situación de las trabajadoras migrantes tanto en países receptores corno emisores. El interés central de este proyecto es obtener información sistematizada acerca de dicha situación y conocer buenas prácticas en la prevención de formas de explotación laboral de mujeres migrantes.
El proyecto suministró a los equipos nacionales encargados de realizar los estudios, una guía con instrucciones precisas acerca de la demanda informativa requerida, así como la forma en que dichos datos debían ser presentados. El objetivo de esta metodología de trabajo es que ello facilite el análisis posterior de los hallazgos y la homologación de los datos, a fin de que contribuyan a que GENPROM desarrolle un material (resource kit on good practices) útil para agencias gubernamentales, organizaciones de trabajadoras/es y empleadores/as, así como organizaciones no gubernamentales (ONG), tanto en países emisores como receptores de población femenina migrante trabajadora, para contribuir al mejoramiento de la condición de estas mujeres y de la protección de situaciones de discriminación, explotación y abuso de que son frecuentemente objeto, incluyendo el tráfico de personas
Para realizar el estudio, la OIT dispuso de un tiempo limitado de dos meses (entre febrero y abril del 2001). Ante esta situación, en el caso de Costa Rica, se conformó un equipo de investigadores para la búsqueda, análisis y sistematización de la información, conformado por Ana Isabel García (consultora principal), y el grupo de consultores asociados de la Fundación Género y Sociedad (GESO): Manuel Barahona, Carlos Castro y Enrique Gomáriz. Este equipo contó con el apoyo de las asistentes de investigación María Rojas y Margot Marín.
La presente guía para la incorporación de la perspectiva de género en proyectos de desarrollo, con atención especial al ámbito rural, ha sido preparada con el fin de que estudiantes y profesionales interesados en la formulación y ejecución de dichas iniciativas cuenten con un instrumento de planificación que les permita establecer la relación entre ambos conceptos: género y desarrollo.
La guía es un aporte que hace el Centro Internacional para el Desarrollo Rural (CIDER) del IICA, dentro del proyecto «CD Room sobre identificación, preparación, monitoreo y evaluación de proyectos», coordinado por el CEPPI de la misma institución, iniciativa en la que participan otras unidades del IICA, así como CATIE y GTZ. Este aporte del CIDER se hace en el marco del proyecto «Género en proyectos de desarrollo rural», auspiciado por la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI). Su preparación ha estado a cargo de la especialista en la materia, MSc Ana Isabel García.
La guía ha sido concebida con un fin práctico, partiendo del entendimiento que quienes hagan uso de la misma cuentan ya con conocimientos en materia de planificación y proyectos de desarrollo y que de lo que se trata es de ofrecer insumos clave para incorporar la dimensión de género en las iniciativas.
Para ello, la guía inicia con la introducción de referencias conceptuales básicas sobre género y el binomio género y desarrollo. A partir del esclarecimiento del origen del término género desde mediados de los años cincuenta, se explica la utilidad del mismo para dar cuenta de los factores relacionales que establecen diferencias valóricas con respecto a mujeres y hombres. La dimensión sociocultural de estos factores relacionales hacen que los papeles y las identidades asignados socialmente a cada sexo sean complementarios e interdependientes con respecto a los atribuidos al otro sexo.
Por tanto, se afirma, cuando se plantea introducir la perspectiva de género en un determinado análisis o proyecto, se está reconociendo atribuciones socioculturales diferenciadas e históricamente jerarquizadas para mujeres y hombres, para, a partir de ello, proponer y realizar acciones tendientes a disminuir o eliminar la discriminación contra las mujeres. Y ello, a partir del entendimiento de que incluir la dimensión de género en determinado proyecto de desarrollo redunda en un aumento de su eficacia y eficiencia.
En esa introducción conceptual se hace un recorrido entre los dos tipos de enfoques de desarrollo utilizados en el mundo y nuestra región latinoamericana por gobiernos y organismos de cooperación: Mujeres en el Desarrollo (MED) y Género y Desarrollo (MED), estableciendo las principales diferencias entre ambos enfoques en términos del objetivo que persiguen, el énfasis poblacional, el papel que asignan a las mujeres y la orientación principal que le otorgan a las iniciativas que en su respectivo marco se promueven.
El siguiente epígrafe inicia con la identificación de los principales elementos y orientaciones de la planificación con enfoque de género, aclarando la diferencia entre los distintos ámbitos posibles y confirmando que la guía se interesa principalmente por uno de ellos: el referido a la integración del enfoque de género en los proyectos cuyos objetivos refieren al desarrollo rural; lo cual significa que no se centra en proyectos para mujeres, ni en políticas públicas y planes nacionales para la promoción de las mujeres y la equidad de género.
Así pues, la guía se centra en la integración de la dimensión de género en los diferentes componentes de los proyectos de desarrollo: el diagnóstico, la definición del grupo meta, los objetivos, los productos finales, la estrategia de ejecución, los recursos, las responsabilidades institucionales y el equipo ejecutor, el monitoreo y la evaluación.
La guía presenta para cada componente la siguiente estructura de motivación y análisis:
a) Claves de entrada que permiten introducir a la o el usuaria/o en la temática de cada componente, a través de pistas iniciatorias.
b) Una lista de chequeo comentada que, a partir de la formulación de preguntas que conforman el cuestionario específico para cada componente, se hacen comentarios que explican y orientan respecto al sentido de cada pregunta y advierten de las posibles dificultades.
c) Utilización de ejemplos que ilustran tanto las experiencias como las posibilidades de puesta en práctica de aquellos asuntos a los que se refieren las preguntas.
La guía finaliza con un conjunto de cuatro anexos: uno que amplía el cuadro de demandas de información que es necesario tomar en consideración para la realización de un diagnóstico adecuado; el segundo que presenta ejemplos de listas de chequeo específicas utilizadas en proyectos sectoriales; el tercero que contiene un glosario de términos útiles y el cuarto anexo con las fuentes y bibliografía de referencia.
Como todo material que busca ser eficaz para los objetivos planteados, esta guía se presenta con la intención de que los/as especialistas sectoriales que participan en la iniciativa promovida por CEPPI la analicen y retroalimenten.
El CIDER y la consultora agradecen la oportunidad y esperan que la guía sea de provecho para la promoción del desarrollo rural de nuestros países.
1999
Desde los años setenta, existe consenso mundial en torno a la importancia de invertir en la educación para el logro del desarrollo humano sostenible, estableciéndose como prioridad política para alcanzar la meta de equidad social y reducir las diferencias de ingreso, especialmente en el caso de los países en desarrollo.
Diversos estudios y organismos han identificado los problemas que enfrenta la educación en nuestros países y han urgido una reforma educativa, que ya no sólo extienda la cobertura del sistema a todos los habitantes, sino que solucione las deficiencias en la calidad de la educación que se imparte. Tal como afirma un reciente estudio de la OEA, “ya no basta medir la equidad de la educación en términos de cobertura. Hay que medir en términos de ‘equidad de la calidad de la educación’” (OEA, 1998).
Es decir, se ha concluido que a pesar de que el hemisferio ha avanzado hasta tener hoy una cobertura casi universal de la educación primaria, dichas políticas de mejoramiento basadas en la extensión de la cobertura «han demostrado ser insuficientes» para formar ciudadanos «autónomos, informados, comprometidos, responsables y tolerantes; con el conocimiento, valores y habilidades para adaptar o crear innovaciones tecnológicas y con la habilidad de razonar y la capacidad de aprender por su propia cuenta, es decir, la capacidad de formar personas inteligentes y productivas» (OEA, 1998).
Resulta obvia entonces la relación que existe entre la urgencia de mejorar la educación y la necesidad de desarrollo de los países, pues, como ha concluido la OEA, una buena formación del ser humano es imperativa «tanto para una efectiva inserción política y económica en el ámbito internacional, como para superar la pobreza extrema; la baja productividad; las grandes desigualdades de ingresos; la marginación; la inequidad social, racial, étnica y de género y la violencia social» (OEA, 1998).
Específicamente para el mejoramiento de la condición de las mujeres pobres y los países en vías de desarrollo, el BID considera que una de las políticas gubernamentales imperativas a implementar consiste en «adoptar una agenda de reforma educativa diseñada para reforzar la calidad y cantidad de la educación primaria, en un principio, y secundaria, posteriormente, que reciben los escolares del sexo femenino» (Buvinic/BID, 1998).
La anhelada calidad de la educación se refiere al nivel de instrucción de la población (número de grados aprobados) y a la ubicación promedio de las personas de sectores urbano-marginales y rurales más pobres, los grupos étnicos minoritarios y los niños con problemas de aprendizaje. Estos problemas de calidad se deben tanto a factores exógenos al proceso de aprendizaje (características de cada alumno, su familia y su entorno) como a factores propios de la educación (infraestructura, número de alumnos por aula, material didáctico, currícula obsoleta, formación de los docentes), entre los que destaca la necesidad de trabajar por el cambio de los procesos educativos que ocurre el, las aulas.
Los problemas de calidad son compartidos por todos los niveles del sistema educativo, ocurriendo que excepto en el caso de la primaria, persiste aún la deficiencia en la cobertura en la educación preescolar, secundaria y superior.
Las principales propuestas que se han hecho para reformar la educación en el hemisferio contemplan, entre otros aspectos, el aumento de la inversión de los países en este rubro (la meta es que represente el 6% o 7% del Producto Nacional Bruto), así como la modificación del papel que juega el personal docente, el cambio de los contenidos y los procesos educativos y el mejoramiento de los materiales empleados para el aprendizaje.
El análisis de esta problemática considera que uno de los principales aspectos de la actividad social actual de nuestros países que requiere cambios en la educación ofrecida, es la evolución experimentada en los papeles de mujeres y hombres, especialmente el hecho de que las mujeres han incursionado, sea por necesidad o por convicción, al mundo productivo fuera del hogar.
Por otra parte, es bien conocida la importancia que tiene el mejoramiento del nivel educativo de las mujeres en la solución de los grandes desafíos que enfrenta el mundo, entre ellos el crecimiento demográfico (necesario de controlar para alcanzar el bienestar) y el descenso de la mortalidad infantil’. Tal corno lo ha señalado la Plataforma de Acción surgida de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en China en 1995, la educación y la capacitación formal e informal de las mujeres ha demostrado ser uno de los medios más eficientes para lograr un desarrollo y crecimiento económico sostenible.
Sin embargo, a pesar de este reconocimiento del papel que juegan las mujeres hoy (que debe reflejarse en los procesos y contenidos educativos) y de la importancia que tiene el mejoramiento de la situación educativa de las mujeres para el logro del bienestar de todos’, persisten numerosos obstáculos que impiden hablar de equidad en la educación en términos de género. Es decir, si bien es cierto que las mujeres han participado del avance general que ha tenido la educación en nuestros países en los últimos decenios (llegando a ser la mitad de la matrícula en prácticamente todos los niveles) y también que comparten todos los problemas generales de la educación señalados, lo cierto es que está pendiente en el hemisferio una reforma educativa que contemple las necesidades específicas de las mujeres por su condición de género. Dichas necesidades, como se verá más adelante, tienen que ver tanto con la cobertura del sistema educativo, como con la currícula impartida, la transmisión de estereotipos sexuales y la segmentación de las opciones educativas y formativas para cada sexo.
Este documento se centra en la situación educativa de las mujeres del hemisferio americano, desde Canadá hasta Chile y las islas de El Caribe, un total de 34 países’ que conforman el Sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA), al cual pertenece la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM.). El punto de partida para el mejoramiento de la situación educativa de las mujeres es el cambio necesario para lograr la equidad en términos de cobertura y de calidad de la educación en todos los países. Sin embargo, para hablar de un sistema educativo equitativo en términos de género, será necesario poner atención en ciertos aspectos que atañen específicamente a la condición de las mujeres.
Efectivamente, tal como señala CEPAL, en el hemisferio hay «sectores sociales en los que se ha producido ya un acceso relativamente igualitario de mujeres a la enseñanza superior, y al mismo tiempo la persistencia de la marginación de determinados sectores de población -y especialmente de las mujeres pertenecientes a tales sectores- respecto de la educación primaria. Ello supone (…) que el tipo de medidas necesarias para llegar a la igualdad educativa entre los sexos debe corresponder a objetivos diversos, dado que se dan conjuntamente, para alcanzar la igualdad educativa, dificultades que son propias de los países en vías de desarrollo y dificultades que son las mismas que se observan actualmente en los países más desarrollados» (Subirats/CEPAL, 1998).
En este sentido, son cuatro los aspectos cualitativos en los que se basa la discriminación de las mujeres en el ámbito educativo:
a) los estereotipos presentes en los materiales educativos,
b) la segregación en la orientación vocacional -lo cual afecta la participación de las mujeres en el progreso científico-tecnológico-,
c) el papel de los docentes en la reproducción de los paradigmas vigentes y
d) la participación femenina en el nivel directivo docente regional y nacional (OEA, 1998).
Campaña Interagencial contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas
En marzo de 1998, varias agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), unieron sus esfuerzos para lanzar la Campaña por los Derechos Humanos de las Mujeres, cuyo lema es «Una vida sin violencia. Un derecho nuestro». Se trata del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Naciones Unidas para Actividades de Población (FNUAP), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONU-SIDA), el Alto Comisionado por los Derechos Humanos (UNHCHR), el Alto comisionado para los Refugiados (ACNUR), y la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL). En varios países también se han unido otras agencias, como la Organización Panamericana de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y el Programa de Gestión Urbana para América Latina y El Caribe de la Agencia Habitat (PGU-AUHABITAT).
Esta Campaña se pensó como instrumento de sensibilización en el ámbito mundial sobre el flagelo de la violencia de género contra las mujeres, en el marco de la conmemoración de aniversario número cincuenta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el quinto de la Declaración y Plan de Acción surgidos de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena, 1993), así como en cumplimiento de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).
Estos instrumentos normativos y compromisos mundiales son de fundamental importancia para la lucha por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Si bien la Declaración Universal expresa el carácter universal e indivisible de los derechos humanos de todas las personas, la Conferencia de Viena tuvo la virtud de reconocer que hablar de tales derechos no sólo implica los políticos, sino también los sociales, culturales y económicos. Es decir, a partir de Viena, la comunidad internacional reconoció que las personas tienen derecho a pensar libremente y a asociarse, pero también al desarrollo y a todos los derechos relacionados con éste (como la salud, la educación y vivir sin violencia…). Por su parte, la IV Conferencia de Beijing reiteró las conclusiones y compromisos asumidos en Viena en materia de derechos humanos de las mujeres, e identificó la lucha contra la violencia, como una de las doce áreas estratégicas de acción del Plan de Acción adoptado.
Específicamente relacionado con las mujeres, la Conferencia de Viena estableció la necesidad de éstas disfruten los derechos humanos en forma plena y en condiciones de igualdad con los hombres, y que ésta debe ser una cuestión prioritaria para los Gobiernos y para las Naciones Unidas. Entre otros aspectos importantes, esta Conferencia subraya la importancia de la plena participación de la mujer, como agente y beneficiaria, en el proceso de desarrollo; que la igualdad de condición de las mujeres y sus derechos humanos deben integrarse en las principales actividades de todo el Sistema de la ONU. Asimismo, enfatiza la importancia de la labor destinada a eliminar la violencia contra la mujer en la vida pública y privada, a eliminar todas las formas de acoso sexual, la explotación y la trata de mujeres, a eliminar los prejuicios sexistas en la administración de la justicia y la erradicar cualesquiera conflictos que puedan surgir entre los derechos de la mujer y las consecuencias perjudiciales de ciertas prácticas tradicionales o costumbres y el extremismo religioso.
A partir de dicho marco normativo y referencial, las agencias del Sistema ONU mencionadas lanzan entonces la Campaña Interagencial «Violencia contra las Mujeres y las Niñas», la que ha producido, entre otros, varias publicaciones, un sitio en internet, foros y talleres de sensibilización.
Además de participar en varias de las iniciativas de la Campaña, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) decidió en junio de 1998, contribuir con la realización de un proyecto regional para América Latina y El Caribe, con el fin de contar con «Informes Nacionales sobre la Situación de la Violencia de Género contra las Mujeres» (Proyecto Regional RLA/97/014).
El objetivo general de este proyecto del PNUD consiste en la preparación de una serie de Informes Nacionales que recopilen, sistematicen, analicen y ofrezcan información actualizada sobre la situación de la violencia de género contra las mujeres en los diversos países, de manera tal, que oriente futuras acciones en este campo. Los objetivos específicos del proyecto son:
– Sistematizar la información disponible sobre la situación de violencia de género contra las mujeres en los diferentes países de la región, de acuerdo a un conjunto de indicadores y un formato diseñado por la Coordinación del Proyecto, de tal forma, que sea posible, con posterioridad, contar con una visión regional a partir de información nacional homologable.
– Colaborar con el mandato de la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la Violencia contra las Mujeres, en la recopilación de Información relevante sobre la materia.
– Brindar información actualizada que permita conocer los avances logrados en los diferentes países en el cumplimiento de la Plataforma de Acción acordada en Beijing (1995).
– Visibilizar los vacíos y limitaciones en las respuestas institucionales y sociales al problema de la violencia de género contra las mujeres, detectados a partir del análisis de las experiencias en marcha en los países.
– Brindar orientaciones propositivas concretas para futuras acciones para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres en cada país y en el ámbito regional.
– Documentar buenas prácticas o experiencias exitosas (actitudes, procedimientos, metodologías y acciones personales e institucionales adecuadas) en el abordaje del tema de la violencia de género contra las mujeres.
La Coordinación General del Proyecto Regional ha estado a cargo del Bureau para América Latina y El Caribe del PNUD, con sede en Nueva York, en las personas de Apama Mehrotra (entre junio de 1998 y junio de 1999) y de Danielle Benjamin (a partir de junio de 1999); en tanto la Coordinación Técnica del Proyecto Regional ha tenido como sede Costa Rica y ha sido encargada a Ana Isabel García Q., con la Asistencia Técnica de Ana Lorena Hidalgo.
La forma operativa de este proyecto ha consistido en la identificación por parte de las Representaciones nacionales del PNUD, de consultorías nacionales, las que, a partir de los términos de referencia preparados por el equipo de Coordinación Técnica del proyecto, han debido presentar un plan de trabajo antes de iniciar sus trabajos. En la mayoría de los casos, esta forma de trabajo ha supuesto una estrecha comunicación (a través de medios electrónicos) entre las entidades/personas consultoras nacionales, la Coordinación Técnica del proyecto y las/los funcionarios destacados para tal efecto en cada Representación del PNUD (en su mayoría, Puntos Focales de Género).
De acuerdo a los términos de referencia, esta metodología contemplaba el apoyo por parte de las consultorías nacionales a la Representación del PNUD, en la organización y realización de dos reuniones: a) una al inicio del proceso para presentar el proyecto, sus alcances y objetivos, y solicitar el apoyo de todos los entes involucrados; y b) otra reunión una vez se haya avanzado (60% – 80%) en la preparación del informe preliminar; el objetivo de esta segunda reunión ha sido el de analizar los alcances del mismo, compartir resultados preliminares, identificar posibles vacíos de información (como ejemplos de buenas prácticas), y, especialmente, para legitimar el informe ante todos los sectores (gubernamentales, no gubernamentales, de cooperación).
Se ha recomendado que ambas convocatorias fueran lo más amplias posible procurando que asistan, al menos, los siguientes sectores y entidades: Oficina Gubernamental de la Mujer, Ministerios de Salud, Educación, Trabajo, Justicia; Organizaciones de la Sociedad Civil especializados en la materia (incluyendo organizaciones de mujeres), Poder Judicial, Policía, Defensoría de los Habitantes (si existe), Agendas Sistema ONU, Gobiernos cooperantes y otros que se consideren relevantes a la problemática (seguridad social, organismos de protección a la infancia, entre otros).
Durante la primera reunión, la consultora habría analizado, junto a las personas participantes, los alcances de la investigación y sus principales ejes de análisis, a fin de identificar posibles áreas de estudio no contemplados y relevantes para el país Asimismo, se habrían identificado fuentes de información y apodes posibles desde las instituciones para nutrir la investigación y recopilado, la información básica inicial para completar a demanda informativa incluida en los términos de referencia del proyecto.
Dichos términos de referencia del proyecto, también han recomendado que, si se identificara como necesario, durante el proceso de preparación del informe podían realizarse tantas reuniones de trabajo con los sectores involucrados como fuera requerido. Pero se ha hecho fundamental hincapié en la importancia y la necesidad de que se realizara la reunión final para legitimar el Informe Nacional ante los diversos sectores.
Como se ha mencionado, de acuerdo a los términos de referencia del proyecto, a partir esta reunión inicial, la consultora debería remitir una propuesta de investigación y un plan de trabajo, para comentarios, tanto a la Coordinación General Regional de la iniciativa en Nueva York, como a la Coordinación Técnica en San José, a través de la Representación nacional respectiva del PNUD. Todos los asuntos administrativos han estado a cargo de la Coordinación General, en tanto los aspecto técnicos y metodológicos han sido resueltos desde la Coordinación en San José.
Esta propuesta metodológica buscaba que los Informes Nacionales reflejen la multiplicidad de puntos de vista, acciones y entidades involucradas en la atención y prevención de la problemática, tanto desde el Estado como de la sociedad civil, a través de entrevistas a informantes claves de todos los sectores, entrevistas o grupos focales de discusión, amplia revisión documental, etc.
La estrategia operativa y metodológica utilizada por cada consultora para preparar el informe Nacional, aparece publicada en cada documento, así como un conjunto de anexos solicitados (personas/entidades entrevistadas, bibliografía, listado de organismos, etc.).
El trabajo de las consultoras nacionales ha consistido, fundamentalmente, en la recopilación, sistematización y análisis de toda la información documental y referencial disponible sobre el tema. Por ello, el proyecto solicitó a cada Representación nacional del PNUD, la identificación de la/s empresa o persona/s idóneas, para lo cual la Coordinación Técnica preparó un perfil y sugirió el envío de una terna para considerar la mejor opción.
Por otra parte, el proyecto contó con una propuesta de estructura para presentar los informes, así como una guía para facilitar la comprensión de lo que se esperaba en cada acápite.
Desde el punto de vista contractual, las consultorías se han dado por concluidas hasta el momento que han sido incluidos todos los aspectos solicitados por la Coordinación Técnica, a partir de la revisión de las diversas versiones preliminares enviadas, según los casos.
La mayor parte de las consultorías han cumplido con estos requisitos establecidos por el proyecto regional, si bien, en algunos casos, los procesos de identificación y selección de las personas/entidades consultoras no contaron con la participación de la Coordinación Técnica del proyecto. Ello ha sido de fundamental importancia, pues, como se ha dicho, los términos de referencia de este proyecto han descansado, fundamentalmente, en la identificación de la persona/entidad idónea para cumplir en poco tiempo con la tarea a realizar, así como en la presentación de un plan de trabajo para su aprobación. La dificultad que ello ha representado en algunos casos, ha impedido que todos los Informes Nacionales cumplan con los requisitos antes enunciados, o bien, que estén presentados de acuerdo a otra estructura que la sugerida con fines de homogeneidad.
Ante esta situación, la Coordinación Técnica del Proyecto ha optado por respetar al máximo la presentación de los Informes Nacionales por parte de las entidades/personas consultoras nacionales, haciendo únicamente un trabajo de edición formal cuando así lo ha considerado necesario. Asimismo, se ha hecho un esfuerzo por presentar un resumen sobre el proceso llevado a cabo en cada país, a fin de que pueda visualizarse, entre otros, el involucramiento de los diversos sectores consultados y a los que se les ha presentado el Informe.
San José, octubre de 1999.
1998
Ponemos en sus manos la Memoria Institucional del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (CMF), correspondiente al período 1994-1998.
No se trata únicamente de un informe de labores de tipo administrativo, ni tampoco de un frío recuento de acciones. Se trata, sobre todo, del relato de una apuesta humana: conseguir que la institución dedicada a la promoción de las mujeres y de la equidad de género diera el salto hacia el espacio estratégico de las políticas públicas, insertando entre ellas la política para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Hemos tratado de reseñar en este documento la labor realizada durante los cuatro años de la Administración Figueres Olsen, que desde sus inicios se propuso procurar los mecanismos que facilitaran una sociedad más justa e integrada por la igualdad de oportunidades para las y los costarricenses. Ello ha implicado establecer acciones institucionales con una visión estratégica, dejando atrás las acciones puntuales y desconectadas entre sí, para desarrollar políticas públicas de alcance nacional dirigidas a la equidad de género.
La formulación y desarrollo de políticas públicas requirió un verdadero compromiso gubernamental, tanto en la adopción de decisiones al máximo nivel de Gobierno, como el compromiso sectorial de los distintos ministerios y otras entidades gubernamentales, que son los que deben ejecutar los planes que se desprenden de esas políticas públicas.
Durante estos cuatro años, estuvimos bajo el signo de Beijing. La preparación de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas y el posterior cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados en la Plataforma de Acción resultante de la misma, marca una nueva etapa en cuanto a las responsabilidades de las Oficinas Gubernamentales o Mecanismos Nacionales de la Mujer. Nos propusimos desde el Centro asumir ese reto, en el marco de un consenso mundial acerca de que los millones de mujeres -y de hombres- que viven en cada uno de los países de nuestra región y del mundo entero, puedan elegir sus opciones vitales en igualdad de derechos y oportunidades.
La labor ha sido ardua, pero no por ello menos satisfactoria. Presentamos a ustedes este documento que la reseña y que también plantea lo que, a nuestro juicio, son las tareas pendientes a realizar en el futuro. Esperamos así contribuir a que las políticas públicas para la equidad de género, se conviertan en políticas de Estado y trasciendan las administraciones de Gobierno, para el beneficio de esa sociedad igualitaria que merecemos todas y todos las y los costarricenses.
Presentación
La Administración Figueres Olsen (1994-1998) se propuso como una de sus metas, lograr una Costa Rica libre de discriminaciones, que brinde iguales oportunidades para las mujeres y los hombres en los campos económico, social, político y cultural del país.
La preocupación del Estado costarricense por mejorar la condición de las mujeres se inició hace varias décadas, al crear el Mecanismo Nacional de Promoción de las Mujeres, el actual Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, responsable de impulsar una serie de medidas en el marco del Año Internacional de la Mujer (1975), el Decenio de la Mujer (1975-1985), los compromisos adquiridos en las Conferencias Mundiales organizadas por la ONU y la ratificación de diferentes Convenciones entre las más importantes: la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (1984) y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1995). Con ese mismo fin de Procurar el adelanto de las mujeres, se ha aprobado en nuestro país diversa legislación, la más significativa, la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (1990).
Más recientemente, en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing, China en 1995, el Gobierno asumió el compromiso de pasar a la acción para eliminar los obstáculos que dificultan e impiden la participación activa de las mujeres en todos los planos del desarrollo del país, en igualdad de condiciones que los hombres.
Para cumplir con este compromiso, el Gobierno de la República, por medio del Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (CMF), ente rector y coordinador de las políticas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, impulsó un Plan estratégico, el Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, más conocido como el PIOMH.
Este Plan fue elaborado en conjunto con representantes de instituciones del gobierno y de organismos no gubernamentales e internacionales y contiene un conjunto de acciones que deben realizar las instituciones de la Administración Pública, para lograr cambios importantes en la salud, la legislación, la familia, la educación, la cultura y los medios de comunicación, el trabajo, el medio ambiente y la política.
Por medio de este Plan se logran aplicar las políticas públicas que el Estado costarricense debe promover para que se hagan efectivos los cambios que necesita el país para lograr la equidad entre mujeres y hombres.
El CMF se complace en publicar el PIOMH en su versión popular, con el propósito de que toda la población costarricense conozca su contenido, pues solo así es posible exigir que las instituciones cumplan con sus compromisos de avanzar en el camino hacia la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres.
Ana Isabel García Directora Ejecutiva Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia
1997
Este libro recoge reflexiones y propuestas acerca de las mujeres y los poderes, a partir de perspectivas diversas que, de alguna manera, comparten el «topos» de la construcción del jardín igualitario, desde diferentes puntos geográficos y culturales de la región latinoamericana.
Centroamérica
Políticas Sociales para la Equidad de Género
Ana Isabel García Y Enrique Gomáriz
POBREZA, EXLUSIÓN Y POLÍTICA SOCIAL
Editores: Rafael Menjívar Larín, Dirk Kruijt, Lieteke van Vucht Tijssen
FLACSO – SEDE COSTA RICA
Universidad de UTRECHT
UNESCO – Programa MOST
© 1997 FLACSO – SEDE COSTA RICA
La presente obra contiene los diferentes trabajos presentados y discutidos en la Conferencia Internacional sobre Pobreza y Exclusíon Social, celebrada en San José de Costa Rica durante el mes de enero de 1997.
Tal conferencia tuvo como propósito reflexionar sobre un tema de nivel mundial que afecta a la gran parte de la humanidad, pero particularmente para sistematizar experiencias desarrolladas para enfrentar la pobreza y exclusíon social.
Las Instituciones que organizaron la Conferencia Internacional sobre Pobreza y Exclusíon Social y coeditan la presente obra son la Sede de FLACSO en Costa Rica, la Universidad de Utrecht y el Programa MOST de la UNESCO.
La actividad contó con el patrocinio de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, de Planificación Nacional y Política Económica y el Despacho de la Primera Dama de la República de Costa Rica. Igulamente, de las Comisiones Nacionales de Cooperación con UNESCO de Costa Rica y los Países Bajos.
http://www.unesco.org/most/povpobre.htm
1996
El texto que a continuación se presenta es el resultado de una iniciativa basada en la convergencia de corrientes intelectuales y técnicas. El nudo temático que las une consiste en la preocupación por la cultura, o dicho de otra forma, por el factor cultural que atraviesa los distintos ámbitos específicos en que puede desagregarse metodológicamente la realidad social. En esta oportunidad, dos de esas corrientes han sido fundamentales.
Una corriente se relaciona con la preocupación por el examen de la cultura y la identidad cultural en América Latina, últimamente vistas también como factor condicionante del desarrollo socioeconómico. Profesionales de FLACSO han retomado durante los años ochenta esta problemática no precisamente nueva, pero revisada ahora desde una perspectiva diferente: como fenómeno civilizatorio que conlleva consecuencias tanto en el ámbito de la consolidación de la democracia política, como en el del cambio estructural socioeconómico que afecta a todo el globo y en particular a esta región.
Avanzados los años noventa, esta preocupación por el “factor cultural” del desarrollo se ha concretado en organizaciones regionales como CEPAL y en el nuevo rumbo que toma esta mirada a través de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, que impulsa UNESCO. En ese contexto, el debate sobre la identidad de ese factor cultural se hace más necesario.
Examinar este asunto desde una nueva perspectiva regional de investigación es la propuesta que ha hecho el asesor de la Secretaria General de FLACSO, Enrique Gomáriz, y que dicha Secretaría ha puesto a disposición del resto de las unidades de FLACSO. Es desde esta plataforma que FLACSO refleja una de las dos corrientes principales que confluyen en la iniciativa conjunta para producir el I Seminario-Taller Regional sobre Población y Cultura en América latina.
La otra gran corriente convergente se refiere al desarrollo que ya tiene el tratamiento cultural de los temas de población, o corno más precisamente se denomina la Investigación Sociocultural (ISC) en Población. Las formas culturales en que se reproduce la población, han obligado a las organizaciones que se dedican a esta temática, y principalmente al Fondo de Población de las Naciones Unidas; (FNUAP), a avanzar en esta corriente técnica y de conocimiento.
Desde el plano regional, esta preocupación se incluyó en el trabajo del Equipo de Apoyo Técnico del FNUAP para América Latina y el Caribe (EAT-FNUAP-ALC). La asesoría en Investigación Sociocultural en Población la brinda la antropóloga Isabel Hernández, quien representa a FLACSO en el mencionado Equipo del FNUAP.
El cruce de estas y otras corrientes temáticas se impulsó, pues, desde las instituciones FNUAP y FLACSO, hasta confluir en el referido I Seminario-Taller Regional sobre Población y Cultura. Iniciativa que tuvo tomo coordinadores a los asesores respectivos Isabel Hernández y Enrique Gomáriz.
Este libro es, pues, una parte el resultado exitoso de la realización del encuentro en el I Seminario-Taller. Está compuesto por las ponencias que se presentaron al mismo. Su estructura refleja sensiblemente la organización del seminario, el cual se nutrió con tres tipos de materiales: a) ponencias generales representativas de las principales corrientes de preocupación indicadas más arriba, b) ponencias referidas a espacios temáticos determinados y a propuestas metodológicas concretas, y c) informes breves sobre estudios de caso y experiencias nacionales.
Aquí sólo se reproduce los dos primeros elementos, referidos al conjunto de ponencias. Principalmente por falta de espacio, los informes sobre estudios de caso no se incluyen en este volumen. Además de la reproducción de las ponencias y los comentarios –que fueron entregados por sus autores-, también se publica el texto de Conclusiones y Recomendaciones que se produjo al final de las sesiones de trabajo del I Seminario Taller sobre Población y Cultura en América Latina.
La lectura de esas conclusiones y recomendaciones muestra claramente la otra parte del resultado exitoso del mencionado encuentro. Tanto en lo que hace al intercambio de experiencias como en lo que se refiere a las numerosas líneas de trabajo que, indudablemente, no pudieron ser abordadas en profundidad y detalle en este primer encuentro. La iniciativa de formación de una red regional de investigación sociocultural en población (FNUAP-FLACSO), tiene como objeto propiciar y dar cauce a esos desarrollos.
Como muestra la mayoría de las ponencias presentadas, el interés por llegar a consensos temáticos y metodológicos no conduce, sin embargo, a precipitadas convergencias cognitivas. En general, los autores son conscientes de que se trata de un terreno complejo, donde se dan múltiples corrientes y sensibilidades, que necesita transparencia paria no ocultar los consensos ni los disensos que se producen. Ahora bien, como se afirma en el documento de Conclusiones y Recomendaciones, en el encuentro se hizo evidente la urgente necesidad de un intercambio productivo que permita situar los referentes de la comunicación, así como la colaboración técnica específica.
En todo caso, los editores de esta publicación esperan que el libro que ahora introducen contribuya a la consecución de esos objetivos de intercambio y colaboración.
1995
Diagnóstico y perspectivas del cooperativismo en Centroamérica y el Caribe, desde una perspectiva de género
Enrique Gomáriz
En: CCC-CA/ Ramos et al. (1995). Género y cooperativismo en el Caribe y Centroamérica. CCC-CA: San José.
1994
El Programa de gobierno de la nueva Administración del Presidente Figueres tiene como eje central una idea que atraviesa todos los planos de la acción pública: pasar de una Costa Rica divida por la discriminación a una Costa Rica integrada por la igualdad de derechos y oportunidades. Esta idea es particularmente crucial en el campo de las políticas referidas a la necesidad de eliminar la discriminación por razones de género.
Para llevar a la práctica esta perspectiva, el punto de partida consiste en identificar claramente que ese tipo de discriminación resulta cada día más inadmisible y que tiene consecuencias no menos lacerantes (desde la percepción de un salario menor por igual trabajo a la pandemia de la violencia de género) que otros tipos de discriminación social. Es decir, que la lucha contra la desigualdad de oportunidades por razones de género se transforma en una prioridad en las acciones gubernamentales de una Administración que tiene como objetivo luchar contra todo tipo de discriminación que divida al país.
Al hacer de esta problemática una alta prioridad de la acción de gobierno, la Administración tiene que prepararse para traducir en medidas operativas el propósito general. Dicho de otra forma, tiene que adquirir una sensibilidad y una serie de destrezas técnicas que le capaciten para ejercer efectivamente esa política pública. Como en otros ámbitos de la vida social, el paso de la formulación de objetivos a la ejecución de tareas, hace necesario esa capacitación técnica, que distingue a cualquier organización moderna y eficaz.
El Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (CMF), en tanto órgano impulsor y coordinador de las políticas sobre la mujer (según lo determina su Ley fundadora), tiene como objetivo fundamental en esta etapa implementar esa capacidad administrativa para pasar de la declaración general a las acciones públicas concretas. Para ello desarrolla diversos instrumentos, que van desde la planificación para suprimir la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, hasta la capacitación a distintos niveles de los funcionarios públicos
En este contexto hay que situar el Manual que aquí se presenta. Se trata En el contexto hay que situar el Manual que aquí se presenta. Se trata de un instrumento que facilita la incorporación de la variable género en la acción gubernamental y en especial en lo que se refiere a la planificación social y económica. Con esta herramienta sencilla y general, se pretende que los funcionarios adquieran habilidades imprescindibles en esta problemática.
Este tipo de Manual ya ha sido utilizado con éxito en otros países latinoamericanos. En esta oportunidad, el experto que lo ha realizado, Enrique Gomáriz, autor también de diversos trabajos sobre la situación de las mujeres en Centroamérica y Costa Rica, ha formulado un texto ajustado a los requerimientos del Centro Mujer y Familia. Si tal instrumento permite la capacitación de los funcionarios públicos y de otros sectores en nuestro país, se estará ejecutando esa voluntad presidencial de avanzar hacia una Costa Rica no dividida sino integrada por la igualdad de derechos y oportunidades de todos sus ciudadanos, ya sean estos mujeres u hombres.
Una manera de prevenir los diversos conflictos existentes es el desarrollo de medidas de confianza mutua. El volumen que aquí presen tamos aborda el conjunto de medidas de cooperación para la paz en
América Latina agrupadas bajo el común rótulo de MCM, muy particularmente su rol, significado y proyecciones. Así, producto de un trabajo de colaboración académica civil-militar entre estudiosos latinoamericanos y estadounidenses, hemos incluido enfoques, definiciones y visiones de diversos autores, los que en diferentes aspectos coinciden y se contraponen entre sí, proporcionando una imagen realista del nivel de acuerdo que existe al respecto en la región.
La primera parte de este estudio está dedicada al análisis de experiencias regionales, tales son los casos de Europa, Centroamérica y Sudamérica. Del análisis comparado de estas experiencias surgen diversas dimensiones y connotaciones de lo que sería un marco de ordenamiento de las MCM. Una primera conclusión que se puede obtener de esta comparación, es que la amplitud de las definiciones conspira contra la posibilidad de establecer un patrón sólido de referencia, aceptado por todos los analistas. Por el contrario, de cada análisis y experiencia regional surgen listados de acciones que pueden contribuir a la cooperación pacífica. Así, en la medida que las MCM mantengan esta difusividad conceptual seguirán siendo medidas de baja intensidad para la cooperación militar regional.
Analizando el caso europeo, Enrique Gomáriz distingue dos definiciones de MCM. Una, estricta, que las considera como mecanismos técnicos destinados a evitar el estallido de un conflicto. La otra, amplia, que las entiende como aquellas medidas que incrementan el grado de confianza ya existente entre dos o más Estados. Aplicando esta segunda definición, centra su atención en la experiencia europea a partir del Acuerdo de Helsinki (1975), en el marco de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea (CSCE), y destaca varias fases, especialmente las de Estocolmo (1984-1986) y Viena-París (1990-1991). De este análisis subraya que el cuadro de MCM diseñado en la CSCE podría ser una de las vías de consolidación de los cambios en Europa del Este. En el mismo campo de los conceptos y definiciones, Jack Child señala que las MCM tienen por objeto reducir el riesgo de conflictos, pueden contribuir a limitar los niveles de armamento y, para tener éxito, tienen que ser transparentes, abiertas, predecibles, confiables, recíprocas, equilibradas, con comunicaciones adecuadas. Indica que las MCM están relacionadas con otras acciones de resolución pacífica de conflictos, como las misiones para imponer, mantener, observar y verificar la paz, así como las propuestas de zonas de paz. Examinando el proceso de paz centroamericano, destaca las reuniones en el mareo de Contadora como hitos importantes en la aplicación de MCM, a través de protocolos, acuerdos y propuestas consistentes en notificación previa, intercambio de información, verificación, inventario de armas y operaciones conjuntas. Francisco Rojas analiza el proceso de fortalecimiento de la confianza en Centroamérica a partir de Esquipulas, considerando las MCM como instrumentos y técnicas que posibilitan la comunicación, haciendo más transparentes y predictibles los cursos de acción de los diversos actores involucrados. Michael Monis, por su parte, sostiene que es conveniente adoptar un concepto amplio de MCM, adaptado a la realidad del Tercer Mundo, con la condición que la seguridad militar siga siendo el elemento fundamental y dando especial atención a los cambios y continuidades en el escenario de seguridad sudamericano durante la década pasada. De este modo, aborda el tema de las MCM en Sudamérica, partiendo de cambios importantes, que traduce en dos proposiciones centrales relacionadas con una seguridad regional más benigna y menos amenazadora; y con nuevos problemas de seguridad, que incluyen elementos militares y policiales. Distingue MCM militares y policiales, siendo los principales objetivos de las primeras aplicables a temas nucleares, problemas territoriales, antagonismos regionales y bilaterales, producción y exportación de armas, rol de las FEAA. Las MCM policiales, por su parte, deben resolver problemas como el narcotráfico. En esta última área, María Teresa Infante hace referencia a medios de solución de controversias tendientes a fortalecer los problemas del narcotráfico, el terrorismo, las migraciones, los refugiados, entre otros, como aspectos complementarios de las MCM. También destaca la importancia de los principios y valores básicos de sustentación de la acción colectiva internacional, referidos a acuerdos sobre regulación de las competencias de los diferentes Estados. Roberto Durán termina esta primera parte indicando que la implementación de MCM depende de tres factores que dicen relación con el tipo de actor que representa los intereses del Estado negociador, las características de la crisis, y la voluntad política de cada Estado en el proceso de negociaciones.
En la segunda parte examinamos cuatro experiencias nacionales de MCM: Argentina, Brasil, Perú y Chile. En el caso argentino, Rut Diamint menciona el avance logrado en el control y limitación de armas a partir del «Acta de Helsinki», y describe una serie de iniciativas llevadas a cabo en Argentina, las que en distinto grado pueden considerarse MCM, tales como los acuerdos y negociaciones bilaterales con el gobierno británico en torno a las islas Malvinas, contemplando principalmente el establecimiento de sistemas de información y comunicación, con el fin de limitarla posibilidad de un conflicto; la formación del área marítima Atlántico Sur, con Brasil, Paraguay, Uruguay, permitiendo una mayor capacidad de negociación y de acciones pacíficas en esa área; las reuniones de los Estados mayores de las fuerzas armadas de Argentina y Brasil, con la posterior incorporación de Uruguay -como miembro pleno- y Paraguay -como observador-, las que tienen un punto de partida en la «Declaración de Iguazú» de 1985, y están destinadas a la cooperación pacífica entre estos países; los encuentros entre las marinas de Argentina y Chile por la zona del Beagle; y el Sistema de Cooperación entre las fuerzas aéreas americanas (SICOFFAA).
En el caso de Brasil, Thomaz Costa enfatiza la importancia de las MCM como enfoque auxiliar de la política exterior brasilera, aunque en su discurso no hay una adopción explícita del concepto. Tras revisar la experiencia europea, algunas concepciones en el marco de la ONU y ciertos modelos analíticos, señala que se deben tener en cuenta los siguientes elementos en el caso del Brasil: la inexistencia de preocupaciones sustantivas sobre posibles confrontaciones armadas; las relaciones con Argentina que, en los últimos años, se han caracterizado por una etapa de negociaciones y contactos; las relaciones con las potencias desarrolladas, especialmente en el ámbito de la transferencia de tecnología sensible; y la actitud de las FF.AA.
Juan Velit aborda el tema de las MCM en Perú considerando como un hito fundamental la «Declaración de Ayacucho» y sus antecedentes al contener fuentes de carácter integracionista, tercermundista, jurídico e histórico, que relacionan a los países latinoamericanos. Analizando esta iniciativa como ejemplo de MCM menciona las dos primeras reuniones de expertos, celebradas en Lima y Santiago, en que se acordó trabajar para lograr una limitación de armamentos y crear un clima de confianza mutua; los encuentros de los altos mandos militares de Perú y Chile, destinados a concertar un acuerdo de limitación de gastos militares y a desarrollar una concepción común de seguridad; y el acercamiento con Ecuador, a través de encuentros presidenciales y realización de proyectos conjuntos.
Finalmente, en el caso chileno, Isaac Caro se refiere a los cambios en los contextos global y regional, señalando que éstos crean condiciones favorables para impulsar el fortalecimiento de la confianza. Aborda la experiencia chilena al respecto considerando como instrumentos importantes de referencia el «Tratado de Tlatelolco» y la «Declaración de Ayacucho». Distingue iniciativas conjuntas con los países vecinos, referidas a negociaciones y acuerdos sobre límites, a cooperación militar e integración de zonas fronterizas con Argentina, y a encuentros de los altos mandos militares de Chile y Perú.
Estos análisis nacionales son comentados por representantes de las FF.AA. chilena. Así, las MCM son en teoría definidas por el TGL. Sergio Covarrubias como acciones útiles, una forma de mejorar la conveniencia de todo orden. No obstante, destaca que como cuestión previa es necesario contar con una política de seguridad nacional, otra de defensa y una buena relación civil-militar para que éstas tengan éxito. Igualmente, el BGL. Javier Salazar sostiene que el tema de las MCM no debiera afectar ni eliminar el concepto de disuasión, del cual ellas no son un sustituto, teórica ni materialmente. En este marco de condiciones necesarias, mas no suficientes para la cooperación regional, el Gral. BA. Leopoldo Porras menciona varios procedimientos tendientes a hacer efectivas las MCM, destacando los agregados militares a las embajadas, las reuniones de los comandantes en jefes de las fuerzas aéreas americanas, los contactos directos entre los mandos militares regionales, la Junta Interamericana y el Colegio Interamericano de Defensa.
En suma, la obra que aquí presentamos sintetiza diversas visiones y proporciona elementos para lograr una perspectiva coherente sobre el papel, significado, efectividad y proyecciones de las medidas de confianza mutua como elementos funcionales a la cooperación para la paz en América Latina.
Medidas confianza mutua en América Latina
Los tiempos de crisis del conocimiento siempre tienen un lado positivo. Ayudan a recordar algo que tiende a olvidarse: que la teoría es gris por definición.
Claro que cabría preguntarse qué tono azabache puede alcanzar la teoría, cuando tampoco el árbol de la vida aparece precisamente verde. Pero esto sería harina de otro costal. En realidad, un costal más bien falso, porque en anteriores ocasiones, cuando la realidad entraba en crisis, era la teoría quien florecía en sofisticadas explicaciones.
El problema, en esta oportunidad, es que la realidad ha entrado en una crisis policromática y la teoría —como en esa puntuación del cine clásico— ha pasado a negro. O más precisamente, ha adoptado ese color que resulta de fundir una paleta completa: teóricos del intercambio, behavioristas, postestructuralistas, teóricos críticos, neofuncionalistas, fenomenologistas, interaccionistas simbólicos, marxistas, sistema-mundistas, biosociólogos, etnometodologistas, postpositivistas y un largo etcétera, si se hacen algunas combinaciones binarias (por no exagerar), sólo parecen capaces de dar microexplicaciones ramplonas o metadiscursos ya poco convincentes.
Con un nuevo condimento: ahora hay muchos que están felices con este aluvión. Consideran que ya era hora de denunciar el cretinismo de lo científico e instalarse cómodamente en la deconstrucción resultante. Ciertamente, tampoco eso es algo nuevo. Pero quizás en esta ocasión las críticas culturales a la ciencia social coinciden en el tiempo con su desarticulación epistemológica. Y eso, aunque no fuera nuevo, seria de todos modos significativo.
Ultimamente ya no resulta extraño ver cómo los cientistas sociales inician sus textos advirtiendo que carecen voluntariamente de ambición explicativa general, persecución de sentido, o intención critica ninguna. Naturalmente, otra cosa es lo que acaben haciendo después, porque con esta declaración previa de fe postmoderna pasa lo mismo que con las conocidas advertencias de brevedad que preceden algunos discursos interminables.
También es cierto que los hay excesivamente angustiados con la crisis y son capaces de llegar a extremos increíbles: ahí esta la propuesta de Turner (T., 1989) de regimentar la adquisición de conocimiento sociológico, estableciendo que las asociaciones de sociólogos sean las que determinen que temas hay que estudiar y excluyendo a toda persona lega del análisis social.
Mi tesis es de carácter intermedio: creo que la teoría social está en un periodo de fermentación (Giddens, Turner y otros, 1987) y que mientras aclare el panorama —en cualquier sentido— nada mejor que tomarse las cosas con calma. Esto no quiere decir permanecer inactivos. En realidad, todo lo contrario: nunca fue tan necesario la marcha hacia lo desconocido y el intercambio para orientarse. Significa más bien que la situación aconseja abandonar el cretinismo de lo constituido, sin caer en el fundamentalismo deconstructivista.
Con esta idea conciliadora me aproximo a señalar un muestreo de los elementos que considero útiles para tratar la cuestión de la crisis de paradigmas en el Norte y en América Latina. Para ello, creo que, primero, conviene abordar algunos antecedentes gnoseológicos, con el objeto de tener varias referencias que, después, faciliten la comparación del desarrollo teórico en los centros y América Latina. Entre estos antecedentes parece oportuno destacar: 1. el uso de la idea de paradigmas en las ciencias sociales, 2. la crisis de la epistemología y sus efectos sobre las ciencias sociales, 3. la importancia que adquiere hoy la (vieja) competencia cognoscitiva entre cultura, política y teoría social, 4.1a distinción entre moda cultural y desarrollo de las ciencias sociales, 5. las teorías, sus rangos y sus causas de muerte, 6. el reconocimiento de si América Latina es o no parte de la cultura occidental moderna, para saber si tiene sentido comparar sus ciencias sociales con las del Norte, 7. si se acepta la idea de que hay alguna relación entre teoría y realidad social, indicar el nuevo escenario (sistema-mundo) en formación, en el que se sitúa la actual crisis teórica.
Con estos antecedentes a la vista, se procede a comparar la teoría social y su crisis, tanto en el Norte como en Latinoamérica, a partir de algún tipo de periodización comparada del desarrollo anterior de las ciencias sociales en ambas latitudes. Advirtiendo, en primer lugar, que el análisis se centra sobre todo en el desarrollo de la sociología (la teoría sociológica) y, en segundo lugar, que se trata de mostrar el producto de la disciplina y no tanto estudiar su desarrollo institucional.
1993
La relación entre Género, Planificación Social y Desarrollo ha dado ya lugar a una cantidad considerable de reflexiones y se ha convenido en preocupación pública en un número considerable de países. Desde mediados de este siglo, la problemática de Género se ha conectado con las otras dos materias de manera diversa según el paso del tiempo: entre los años cincuenta y setenta se focalizó principalmente la relación entre Mujer y Desarrollo, originando una serie de estrategias y perspectivas. Desde los arios setenta y principalmente durante los ochenta cobraron mayor perfil dos opciones focales: por un lado, el binomio mujer – desarrollo fue dando paso a la perspectiva más amplia género-desarrollo, y por el otro, ese contexto pareció apelar directamente a la necesidad de referirlo más sistemáticamente a la Planificación Social. De hecho, en la pasada década y en los países en desarrollo se han realizado bastantes encuentros y reuniones operativas, apoyados por la cooperación internacional y las agencias de Naciones Unidas, donde la relación entre Género y Desarrollo está mediada por la Planificación.
Ciertamente, este Manual de Trabajo no tiene la intención de realizar una síntesis acuciosa de esas reflexiones o de sus principales puntos focales. Su objetivo es mucho más simple: trata de reunir las referencias imprescindibles para poder enfrentar mínimamente los problemas prosaicos que presenta la Planificación con perspectiva de género. Dicho de otra forma, los problemas a los que se enfrenta tanto un técnico en planificación social como un beneficiario de la misma, cuando trata de diseñar programas o proyectos que tengan en cuenta la diferencia de géneros que se manifiesta en la realidad social.
Desde luego, la necesidad de tomar en cuenta esta circunstancia no es obra de la casualidad está referida a los cambios culturales que se han producido en esa realidad, y especialmente los que, de forma general, reflejan sectores crecientes de la población femenina. Pero este Manual no tiene por objeto mostrar la justificación teórica y valórica de la planificación con perspectiva de género. Dicha justificación puede formar parte de un proceso de sensibilización más amplio, pero ahora se trata de examinar los problemas que tiene la ejecución práctica de ese tipo de planificación.
Es decir, aquí se parte del hecho de que la planificación con perspectiva de género ya se percibe necesaria en los sistemas público y privado, tanto para elevar la eficacia de los proyectos generales como para eliminar la discriminación por razones de género, compromiso adquirido por los estados. (Como referencia justificatoria se apela a un elemento normativo principal: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, establecida por Naciones Unidas en 1979 y ratificada por la casi totalidad de los estados de la región, que forma parte de los Anexos).
Este documento trata pues de responder a lo que regularmente se espera de un manual: un instrumento operativo que aspira a ser sencillo y concreto, aunque tenga que mantenerse en un nivel explicativo amplio y general. Esto último, entre otras razones, porque busca adquirir la ventaja de tener un uso múltiple. Este Manual se produce en el marco de un Programa de Capacitación de Funcionarios Públicos, y eso conlleva un necesario grado de amplitud: ha de interesar a funcionarios de los diversos sectores de la administración que se relacionen con la planificación social. Es importante subrayar esta intención, entre otras razones, porque es bastante frecuente que los manuales de planificación estén altamente sectorializados, con indicadores precisos para las áreas de salud, educación, etc., pero cuando se busca la aplicación de criterios técnicos generales existe un gran vacío al respecto. Aquí se considera que el primer paso de la planificación de género consiste en introducir precisamente esos criterios, que pueden ser absorbidos por los planificadores o los usuarios de distintos ámbitos, y más adelante, en fases posteriores formular manuales para cada sector específico. Pero, además, dado ese carácter introductorio, aquí no excluye de antemano que también pueda ser de utilidad a los sectores que en la sociedad civil estén interesados por realizar un tipo de planificación que no excluya la variable género.
Así pues, la intención última del Manual es constituir una herramienta de trabajo que facilite el desempeño de una serie de habilidades operativas. Un recuento sintético de esas habilidades podría ser:
1) Capacidad para la realización de diagnósticos incorporando la variable género. Elementos de esa capacidad serían:
a)Conocimiento general y referencias conceptuales.
b)Información estadística y no estadística sobre la situación diferencial de la mujer (tendencias estructurales, patrones culturales, condición legal).
2) Capacidad para diseñar políticas públicas y programas sectoriales con perspectiva de género.
3) Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar proyectos con PG, tanto proyectos generales como los dirigidos únicamente a mujeres.
4) Capacidad para realizar Planificación Estratégica de Género, es decir, la que tiene como objetivo central eliminar la diferencia de condición entre los géneros.
Para conseguir ese objetivo práctico de convertirse en un instrumento capacitador, este Manual esta compuesto por tres bloques. El primero de ellos consiste en un apretado marco conceptual, donde se realiza una introducción a la categoría básica, el género, así como un recuento elemental de la Relación entre Género y Desarrollo.
El segundo bloque está formado por la base sustantiva del Manual: la relación de criterios e indicadores para realizar diagnósticos y para proponer programas y proyectos. Con respecto a esta función propositiva se ha elaborado un cuestionario metodológico para el desarrollo de dos operaciones concretas: a) la formulación y evaluación de proyectos generales donde se incorpora la variable género; b) la formulación y evaluación de proyectos dirigidos a mujeres. Este bloque se cierra con la mención a la perspectiva de la planificación estratégica de género.
El tercer bloque es una sintética relación de recomendaciones operativas, hechas sobre la base del estudio de los programas y proyectos sociales que se formulan habitualmente en el seno de la Administración Pública chilena.
Complementan este Manual cuatro anexos: en primer lugar, el listado de indicadores que apoyan la realización de diagnósticos (y que hubiera sido tedioso incluir en el segundo bloque); en segundo lugar, un vocabulario de términos relacionados con la temática tratada, en tercer lugar, la relación de temas del I Plan de Igualdad de Oportunidades implementado por la Administración española, y finalmente, el texto de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Este conjunto de elementos no satisface -como ya se indicó- las necesidades que requiere el tratamiento del tema de la planificación de género, pero cumplirían su función si pueden servir de apoyo a aquellas personas que se enfrentan a la tarea práctica de incorporar la variable género en la planificación social, en especial desde el seno de la Administración Pública.
1992-1994
Mujeres Latinoamericanas en Cifras resume el primer esfuerzo sistemático por mostrar, en forma integral y comparada con los varones, la situación de las mujeres de América Latina. Este es un continente de múltiples colores y geografías, atravesado por dolorosos conflictos políticos, sociales, étnicos, culturales y económicos.
La condición de subordinación de las mujeres, ampliamente debatida en el mundo entero y por cuyo cambio han luchado desde antaño las propias mujeres, tiene en América Latina particularidades y raíces profundas que se relacionan con la conformación de la región a través de los procesos de conquista, mestizaje, colonización y posterior independencia de los Estados nacionales. La construcción social del ser femenino y del ser masculino y el código de relaciones entre ellos, se arraiga en una combinación de razas -un «nosotros» y los «otros»- que marca los espacios simbólicos y las identidades atribuidas a cada género. Este juego de identidades recorre la historia latinoamericana y se manifiesta, por un lado, en la discriminación y subordinación femenina y, por el otro, en las distintas acciones de protagonismo político y social llevadas a cabo por mujeres, particularmente en los últimos decenios.
La vida de las mujeres latinoamericanas ha experimentado profundas transformaciones en las décadas recientes. Estas se expresan en el aumento de la esperanza de vida, la reducción del número promedio de hijos, el mayor nivel educacional y disminución del analfabetismo, su creciente incorporación y permanencia en el mercado de trabajo, el mejoramiento de indicadores de salud y la utilización de anticonceptivos modernos, el aumento de la jefatura de hogar femenina, entre otras. Sin embargo, existen grandes diferencias entre países y, encada uno de ellos, entre áreas urbana y rural, sectores sociales y etnias. Si bien los promedios nacionales a veces crean una idea de países que se acercan a los europeos, el examen según esos y otros factores devuelve una imagen de polaridades, heterogeneidad y enormes diferencias entre las propias mujeres.
En América Latina la llamada «modernización» ha sido vivida en forma desigual. Las crisis económicas de las últimas décadas, especialmente la de los años ochenta, causaron estragos en los diferentes países. Los gobiernos reaccionaron poniendo en práctica sistemas de ajuste económico que extendieron la indigencia, acentuaron las diferencias entre ricos y pobres y obligaron a buscar nuevas formas de sobrevivencia, en las que se involucraron mayoritariamente las mujeres. Ellas han debido reemplazar en una medida importante la labor del Estado en los servicio, asumiendo el costo de esas crisis organizándose y creando nuevas estrategias de subsistencia. Por otra parte, la emergencia de regímenes autoritarios o dictatoriales, con su secuela de inseguridad, represión, muerte y exilio, afectó la situación sociopolítica global y la acción colectiva de las mujeres en particular. Bajo la vigencia de estos regímenes, ellas buscaron a sus familiares y defendieron los derechos humanos, colaborando activamente a la restauración democrática.
En este contexto, permanecen -en todos los países y con rasgos semejantes- la desigualdad, la discriminación, la invisibilidad y la desvalorización del aporte de las mujeres al quehacer social. El sistema de género vigente en la región, que consagra desigualdades entre mujeres y hombres, se refleja en los diferentes indicadores. De hecho, como revelan las cifras, el aporte que realizan las mujeres al desarrollo económico y en distintos ámbitos no se refleja en su participación en las esferas de poder, aun cuando es posible observar un discreto y sostenido incremento. Esta condición empeora conforme se desciende en la escala socio-económica y también en el caso de las indígenas. A la clásica discriminación por género se agregan las discriminaciones por clase social y raza
El acceso al mercado laboral está condicionado por la segmentación que se produce ya en el sistema educacional, en el que se reiteran prácticas sexistas que refuerzan una socialización temprana en roles «femeninos» tradicionales. Los mayores niveles educativos de la población femenina económicamente activa no se han traducido en una reducción de la brecha salarial, ni en el acceso a puestos de mayor jerarquía laboral. Más bien se han acentuado las diferencias cuando la calificación aumenta. Además, grandes contingentes femeninos se han incorporado al mercado de trabajo informal, caracterizado por malas condiciones de trabajo, inestabilidad, bajas remuneraciones y desprotección social.
Los indicadores sobre participación sociopolítica de las mujeres no reflejan, proporcionalmente, los aportes crecientes de las mujeres a la sociedad: las estructuras político-institucionales resisten con fuerza su llegada. Muy rara vez hay tres mujeres en un gabinete ministerial, la presencia en los parlamentos excepcionalmente llega a un 22,8% (Cuba) y en el Poder Judicial, en casi la mitad de los países, nunca una mujer ha sido designada ministra de la Corte Suprema de Justicia.
Los partidos políticos parecen constituir una sólida barrera para impedir el acceso de las mujeres a cargos de representación y al gobierno. Sólo en partidos nuevos o en prenso de renovación la participación femenina en las directivas es significativa. Las estructuras sindicales muestran una situación similar.
Este puede parecer un panorama pesimista. No obstante, es en la acción de las propias mujeres donde se descubren los mayores avances. La constitución de un actor social colectivo que pugna por la eliminación de todas las formas de discriminación, por la igualdad de oportunidades, por la superación de la pobreza, por la formulación de políticas públicas para la mujer, por el respeto a sus derechos humanos va definiendo año a año una agenda política. Por otra parte, en el marco de la acción de Naciones Unidas, la casi totalidad de los países de la región ha creado una instancia de gobierno o mecanismo nacional para el adelanto de la mujer. Con la participación de organismos no gubernamentales, organizaciones sociales de mujeres, profesionales y especialistas, en diálogo con las agencias de gobierno para la mujer, los países han impulsado reformas legislativas e implementado diversos programas, muchos de los cuales explícitamente incorporan un enfoque de género y pretenden una profundización democrática.
Las mujeres organizadas han penetrado poco a poco, en diferentes formas y medidas, el debate público en sus respectivos países y desarrollan prácticas que auguran cambios para las futuras generaciones. Al mismo tiempo, el proceso preparatorio de la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing 95) ha permitido importantes avances en la coordinación y confluencia de grupos de mujeres hacia una propuesta común como plataforma de acción.
Esta publicación reúne información comparada de los diecinueve países de la región incluidos en el proyecto “Mujeres Latinoamericanas en Cifras~, culminando así la colección de libros del mismo nombre. Se publica simultáneamente en inglés y en castellano y con motivo de la realización de la Conferencia de Naciones Unidas para la Mujer en Beijing.
Ha sido posible principalmente gracias a la acogida, sensibilidad y auspicio de las autoridades del Instituto de la Mujer de España (Ministerio de Asuntos Sociales). También ha contado con el apoyo del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF América Latina, la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, ACDI, y la Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional, ASDI. Coordinado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) desde su sede en Chile, con la participación de una amplía red de investigadoras e investigadores en toda la región, los resultados de este proyecto son un aporte a las instituciones, organismos y personas interesadas en el mejoramiento de la condición de las mujeres latinoamericanas y, de forma muy particular, de las propias mujeres y sus organizaciones.
1992
Recopilación de artículos de especialistas en diversas materias sobre cooperativismo y género, editado por Ana Isabel García Q., quien también escribe uno de los artículos; Enrique Gomáriz escribe otro.
El presente trabajo intenta mostrar un posible camino para realizar el estado del arte de los estudios de género, desde las que considera sus dos fuentes epistemológicas fundamentales: la teoría social general y la producción teórica feminista. Para ello realiza primero una visión retrospectiva de las reflexiones sobre género, mediante la periodización de éstas desde la coyuntura histórica marcada por la Ilustración y la Revolución liberal. Después hace un balance preliminar de los estudios de género en los últimos decenios, para discutir sus perspectivas tanto en su calidad de nuevo corte teórico de la realidad social, como en relación con los procesos que marcan lo que se ha denominado cambio epocal.
los estudios de genero y sus fuentes…
El presente informe reúne antecedentes estadísticos sobre la situación de las mujeres chilenas, desagregada a nivel regional.
A partir del proyecto «Mujeres Latinoamericanas en Cifras» llevado a cabo por FLACSO, se seleccionó un conjunto de indicadores para los cuales existía la desagregación pertinente. Con ello se busca entregar a las autoridades regionales de SERNAM y de otros organismos gubernamentales o no gubernamentales, un instrumento diagnóstico que les permita conocer la realidad particular de las mujeres en su región, así como identificar las áreas o problemas más relevantes para efectos de la proposición de acciones desde el gobierno u otros actores.
La realización de este trabajo ha contado con el apoyo y aporte del Instituto Nacional de Estadísticas, que ha permitido acceder a información no publicada de ese Instituto.
Los capítulos considerados son los siguientes: población, trabajo (empleo), educación, salud, participación sociopolítica y organismos de género. Se ha utilizado la nomenclatura internacionalmente aceptada por los organismos especializados de Naciones Unidas, como una forma de facilitar la comparación de la información y el intercambio con otros países.
Cada cuadro se autoexplica, contando con la información metodológica necesaria para su comprensión como Nota a pie de página. Se incluye un índice de cuadros para facilitar su utilización.
Sistematización de antecedentes estadísticos de la mujer a nivel reg
Al iniciarse la década de los noventa, la discriminación de las mujeres en nuestras sociedades puede resultar una realidad obvia. La percepción de esa situación había llevado a la Organización de Naciones Unidas a la formulación y aprobación, en 1979, de la «convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer», a su posterior ratificación por numerosos países y a la elaboración de las «Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la Mujer». Esa percepción también fue la base de importantes eventos de Naciones Unidas para la Mujer: el Año Internacional de la Mujer (1975), la Conferencia de México D.F. (1975), el Decenio para la Mujer: «Igualdad, Desarrollo y Paz» (1976-1985), la Conferencia de Copenhague (1980) y la Conferencia de Nairobi (1965), en una búsqueda constante de mejoramiento de la condición femenina.
América Latina presenta una condición de la mujer de características particulares. Se trata de una realidad social y cultural heterogénea, donde la llamada «modernización» ha sido vivida en forma desigual. La crisis económica que azotó a la comunidad internacional en los años ochenta, con sus bajas tasas de crecimiento, expresada también en una cuantiosa y creciente deuda externa, ha hecho estragos en muchos de nuestros países, los cuales han puesto en práctica sistemas de ajuste que han extendido la pobreza, acentuado las diferencias entre ricos y pobres y dando origen a fórmulas nuevas de supervivencia muchas de ellas desarrolladas fundamentalmente por mujeres.
Ahora bien, no basta coincidir sobre el diagnóstico general para comprender las formas en que esta situación afecta a las mujeres de cada país latinoamericano. En buena medida este vacío de explicación procede de la notoria falta de información general comparable, principalmente estadística, sobre la condición de la mujer en esos países.
El proyecto «Mujeres Latinoamericanas en Cifras», realizado en FLACSO con el apoyo del Instituto de la Mujer de España. (Ministerio de Asuntos Sociales), ha pretendido responder de forma básica a esta necesidad, constituyendo un primer paso para la acción en diversos niveles: gubernamental, no gubernamental e internacional, en la perspectiva del trabajo para la próxima reunión específica que prepara Naciones Unidas para 1995. Para ello ha reunido la información cuantitativa y cualitativa disponible en vistas a componer un cuadro básico de la situación de la mujer en cada país latinoamericano.
Especial interés se ha puesto en dar cuenta de la diversidad presente en cada país entre los sectores urbano Y rural, niveles socio-económicos y etnias, recogiendo así la sensibilidad del movimiento de mujeres en cuanto a la invisibilidad de su participación en la sociedad y a la especificidad de la condición femenina. Con este propósito se han abordado aquellos temas que mejor reflejan la situación de las mujeres latinoamericanas, siguiendo las recomendaciones del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) acerca del máximo aprovechamiento de la información estadística existente.
El trabajo realizado en Chile ha contado con el apoyo del Servicio Nacional de la Mujer Y de organismos especializados de Naciones Unidas con asiento en Santiago. En su conjunto pretende ser un aporte a la construcción democrática, a la acción colectiva de las mujeres y a todos quienes busquen una sociedad igualitaria.
Esta publicación forma parte de una serie de ocho Documentos de Trabajo que abordan la condición de las mujeres chilenas en diferentes áreas, concebidos como «Avances de Investigación». Los capítulos son los siguientes:
- Identificación socio-económica del país.
- Factores demográficos.
- Trabajo (empleo).
- Situación educacional.
- La condición de salud.
- Situación jurídica.
- Participación socio-política.
- Organismos de género.
1991
Esta monografía de amplio espectro, se inscribe dentro de los estudios de género. Aunque el objetivo más delimitado es el examen de la participación de las mujeres en un ámbito específico de las políticas nacionales, el análisis tiene como marco de referencia una perspectiva general de la participación de las mujeres en la vida de Costa Rica. En este contexto se estudia el papel de las mujeres en las instituciones ligadas a la determinación de políticas de paz y seguridad como parte del proceso general de toma de decisiones en política exterior. La participación femenina es no sólo cuantificada y comparada con la de los hombres, sino también analizada cualitativamente tanto con respecto a la jerarquía del poder como a las temáticas que domina. Este análisis ha permitido, al mismo tiempo, identificar los principales obstáculos que impiden o limitan la incursión de las mujeres en este campo, así como formular recomendaciones para su eliminación. Temporalmente, el examen está delimitado al período 1978-1990, pero pone especial atención al período 1986-1990, de gestación, aprobación e implementación del Plan de Paz en Centroamérica.
Los tiempos de crisis del conocimiento siempre tienen un lado positivo. Ayudan a recordar algo que tiende a olvidarse: que la teoría es gris por definición.
Claro que cabría preguntarse qué tono azabache puede alcanzar la teoría, cuando tampoco el árbol de la vida aparece precisamente verde. Pero esto sería harina de otro costal. En realidad, un costal más bien falso, porque en anteriores ocasiones, cuando la realidad entraba en crisis, era la teoría quien florecía en sofisticadas explicaciones.
El problema, en esta oportunidad, es que la realidad ha entrado en una crisis policromática y la teoría – como en esa puntuación del cine clásico – ha pasado a negro. O más precisamente, ha adoptado ese color que resulta de fundir una paleta completa: teóricos del intercambio, behavioristas, postestructuralistas, teóricos críticos, neofuncionalistas, fenomenologistas, interaccionistas simbólicos, marxistas, sistema-mundistas, biosociólogos, etnometodologistas, postpositivistas y un largo etcétera, si se hacen algunas combinaciones binarias (por no exagerar), sólo parecen capaces de dar microexplicaciones ramplonas o metadiscursos ya poco convincentes.
Con un nuevo condimento: ahora hay muchos que están felices con este aluvión. Consideran que ya era hora de denunciar el cretinismo de lo científico e instalarse cómodamente en la deconstrucción resultante. Ciertamente, tampoco eso es algo nuevo. Pero quizás en esta ocasión las críticas culturales a la ciencia social coinciden en el tiempo con su desarticulación epistemológica. Y eso, aunque no fuera nuevo, sería de todos modos significativo.
Ultimamente ya no resulta extraño ver cómo los cientistas sociales inician sus textos advirtiendo que carecen voluntariamente de ambición explicativa general, persecución de sentido, o intención crítica ninguna. Naturalmente, otra cosa es lo que acaben haciendo después, porque con esta declaración previa de fe postmoderna pasa lo mismo que con las conocidas advertencias de brevedad que preceden algunos discursos interminables.
También es cierto que los hay excesivamente angustiados con la crisis y son capaces de llegar a extremos increíbles: ahí esta la propuesta de Turner (T., 1989) de regimentar la adquisición de conocimiento sociológico, estableciendo que las asociaciones de sociólogos sean las que determinen que temas hay que estudiar y excluyendo a toda persona lega del análisis social.
Mi tesis es de carácter intermedio: creo que la teoría social está en un período de fermentación (Giddens, Turner y otros, 1987) y que mientras aclare el panorama – en cualquier sentido -nada mejor que tomarse las cosas con calma. Esto no quiere decir permanecer Inactivos. En realidad, todo lo contrario: nunca fue tan necesario la marcha hacia lo desconocido y el intercambio para orientarse. Significa más bien que la situación aconseja abandonar el cretinismo de lo constituido, sin caer en el fundamentalismo deconstructivista.
Con esta idea conciliadora me aproximo a señalar un muestreo de los elementos que considero útiles para tratar la cuestión de la crisis de paradigmas en el Norte y en América Latina. Para ello, creo que, primero, conviene abordar algunos antecedentes gnoseológicos, al objeto de tener varias referencias que, después, faciliten la comparación del desarrollo teórico en los centros y América Latina. Entre estos antecedentes parece oportuno destacar: 1) el uso de la idea de paradigmas en las ciencias sociales, 2) la crisis de la epistemología y sus efectos sobre las ciencias sociales, 3) la importancia que adquiere hoy la (vieja) competencia cognoscitiva entre cultura, política y teoría social, 4) la distinción entre moda cultural y desarrollo de • las ciencias sociales, 5) las teorías, sus rangos y sus causas de muerte, 6) el reconocimiento de si América Latina es o no parte de la cultura occidental moderna, para saber si tiene sentido comparar sus ciencias sociales con las del Norte, 7) si se acepta la idea de que hay alguna relación entre teoría y realidad social, indicar el nuevo escenario (sistema-mundo) en formación, en el que se sitúa la actual crisis teórica.
Con estos antecedentes a la vista, se procede a comparar la teoría social y su crisis, tanto en el Norte como en Latinoamérica, a partir de algún tipo de periodización comparada del desarrollo anterior de las ciencias sociales en ambas latitudes. Advirtiendo, en todo caso, que se trata de mostrar el producto de la disciplina fundamentalmente y no tanto analizar su desarrollo institucional.
Adelanto, eso sí, que si esta presentación no puede ser un auténtico relato no es por falta de ganas, sino por todo lo contrario: impotencia para realizar una abstracción más poderosa en el corto tiempo que he dispuesto para hacerla. Por eso lo que aquí se muestra es más bien un cuadro de trazos gruesos, tendenciosamente expresionista. Quizás en la esperanza de que alguien se crea la tesis de esa escuela plástica: que la técnica de trazos es la que mejor muestra el espíritu profundo de las cosas. ¿Y si fuera cierto?
la crisis teorica de las ciencias sociales …
Cuando Marshall Berman responde a las críticas que Perry Anderson hace de su libro sobre la modernidad, Todo lo sólido se desvanece en el aire, concluye que lo fundamental para poder captar el sentido del cambio cultural consiste en ser capaces de «leer las señales de la calle». (1)
Algo semejante propone recientemente José Joaquín Brunner, frente al «macondismo» y otras respuestas negativas a la pregunta de «si acaso son modernas las actuales sociedades latinoamericanas, al menos tomadas por la conformaci6n de sus culturas». (2)
Porque, ni el «macondismo», esa actitud cultural que pretende interpretar América Latina a través de las bellas letras, que propone el frente a modela la esperanza respuesta predominio tradicional de la naturaleza del continente la cultura, una naturaleza que de forma mágica-real forma latinoamericana de vivir y que mantiene la de hacer de América el lugar de donde surgirá una “racionalidad alternativa» para Occidente, ni tampoco la «diferencista», que duda de la modernidad latinoamericana al mostrarla a medias, enfatizando sus carencias y definitivas diferencias con el Norte, estan siendo capaces de leer las señales de la calle, los signos de los tiempos, o , como prefiere decir Brunner, «las referencias de contexto».(3)
En realidad, macondistas y diferencistas estarían reaccionado precisamente contra el desvanecimiento de lo sólido, rechazando la falta de sentido único, la carencia de orden -ni de nación, ni de clase, ni de ningún otro tipo- que significan hoy las culturas de América Latina. Buscan o padecen un gran desencuentro con la modernidad.
Si aceptaran analizar lo que sus ojos no tienen más remedio que ver ¿qué percibirían del subcontinente?
Esos cuerpos que bailan sin seguir un estilo. Las figuras que desaparecen. ¿Los espejos trizados? Una fiesta popular, quizás la caída de un dictador. Una representación religiosa. La muerte. Esa ventana por donde entra el mar. La ciudad enorme que se enciende de ne6n y ruidos. ¿Hong-Kong? ¿Río? Una sirena. Rock urbano y algo de salsa. Un disparo. Tal vez aplausos. El parloteo simultaneo de los televisores y la gente. El1 ~lie que ruge afuera. La pareja que sale del cine en que previsiblemente proyectan Dick Tracy. Los gritos de la mesa vecina donde discuten sobre la identidad latinoamericana. Y un poco más allá, atento a todo, un intelectual con lentes y nariz oteante, pensando que esta confusión actual es la modernidad.
1990
Este manual metodológico contiene una serie de criterios para tratar la información estadística y no estadística que permite reconocer la condición de las mujeres en América Latina, y, en ese sentido, es el instrumento básico del proyecto «Mujeres Latinoamericanas en Cifras». Presenta el cuadro de demandas de información y debate los principales problemas relativos a las fuentes e indicadores. La demanda de información está expresada con la forma y nomenclatura que han estandarizado los organismos de Naciones Unidas en la región. El Manual incluye las siguientes secciones:
- los contenidos temáticos, con un listado de indicadores por área;
- una descripción de los aspectos generales de la metodología: planos descriptivos, oferta, período a estudiar, fuentes fundamentales;
- una discusión de la metodología para cada área temática;
- una descripción del desarrollo del proyecto.
Posteriormente se han incluido una serie de anexos: categorías a utilizar en el área de trabajo; listado de censos; inventario de Encuestas de Hogares en América Latina, y el texto de la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
Mujeres Latinoamericanas en cifras Metodologia
1989/90
El presente volumen Estudio Estratégico de América Latina 1989-1990, está dedicado al tema de la cooperación para la paz y la seguridad compartida. Destacados especialistas examinan algunas doctrinas estratégicas y políticas de seguridad en la región, destacan la importancia de los instrumentos jurídicos -muy particularmente del «Tratado de Tlatelolco»- y establecen ámbitos de cooperación como la Antártida, el espacio marítimo y el aeronáutico civil.
Los autores postulan diversas proposiciones de concertación para la paz, tales como la eventual convocatoria a una conferencia mundial sobre asuntos de seguridad Norte-Sur; el desarrollo de una política de limitación del gasto militar y de la adquisición de armamentos; el fortalecimiento de los mecanismos de no proliferación nuclear. Estas medidas podrían concederle una nueva dinámica a América Latina en el siglo XXI.
En la segunda parte del Estudio se presenta una relación cronológica regional, la que es seguida de información sobre la evolución del gasto militar; indicadores comparados de salud, educación y gasto militar; gasto y volumen de fuerzas armadas; valor y registro de las transferencias de armas.
Finalmente, se expone información por países, destacando el gasto militar y otros indicadores (PNB, gasto fiscal, fuerzas armadas, importación y exportación de armas); el balance militar -armamento y personal por rama de las fuerzas armadas, incluyéndose las fuerzas en el extranjero y las paramilitares. Se incluye también una cronología por países sobre temas relativos a las fuerzas armadas y defensa nacional, la que describe los principales acontecimientos del ario en torno a cooperación militar, industria de armamentos, comercio de armas y relaciones cívico-militares.
Para una mejor presentación de la información, se ha procedido a una división de esta última sección en dos partes: una referida a Centroamérica, México y el Caribe; y, otra, centrada en América del Sur.
1989
La idea clásica de que la situación de la mujer es uno de los mejores indicadores del grado de desarrollo de una sociedad, puede hoy extenderse al ámbito de las relaciones internacionales. Ya no es posible pensar en el mundo de este final de siglo, sin incorporar este elemento central en el análisis. Mas aún, resulta una evidencia que la actividad del principal organismo internacional, la Organización de Naciones Unidas, ha estado marcada en este último cuarto de siglo por el tema de la condición femenina, principalmente desde la iniciación del Decenio de la Mujer en 1975. Hoy, la mayoría de los Estados que componen la ONU están formalmente comprometidos, ante la comunidad internacional y sus propio pueblos, a la remoción de toda discriminación contra la mujer, en virtud de la ratificación de la Convención que al respecto determinó la Asamblea General de la ONU en 1979 (y que todos los Estados centroamericanos ratificaron en el curso de los arios ochenta).
Aplicar el paradigma de la condición femenina sobre una región en crisis, como es el caso de Centroamérica, tiene una doble justificación: ayuda a comprender mejor las causas y los efectos de esa crisis que afecta a hombres y mujeres, y a entender cómo opera el conflicto sobre la histórica discriminación de la mujer.
Ahora bien, intentar un análisis desde esa perspectiva encuentra múltiples dificultades, entre otras razones porque en Centroamérica los estudios de género están recién iniciándose, aunque lo estén haciendo con apreciable ímpetu. Esa ha sido la causa de que, para poder profundizar sobre la relación entre la crisis y la actual situación de las mujeres de la región, haya sido necesario reunir previamente toda la información posible sobre las principales áreas estructurales (población, empleo, educación, salud, legislación) de la condición femenina.
Afortunadamente, el esfuerzo por compilar gran cantidad de información estadística sobre cada área ha dado resultados. De esta forma, ha sido posible realizar un trabajo de organización y comparabilidad de valores, que desagregados por sexo, son la base sobre la que se describe las tendencias estructurales de las mujeres centroamericanas. Este es el contenido del primer tomo de los dos que consta el resultado de la investigación. En el segundo tomo, podrá abordarse con más profundidad la situación de estas mujeres ante los efectos de la crisis, la guerra y el plan de paz
La investigación es el producto de la colaboración de tres entidades académicas que trabajan en Centroamérica, el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA ), la Universidad para la Paz, creada por ONU (UPAZ), y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), institución que tuvo a su cargo la coordinación del proyecto. Pero, este estudio no hubiera sido posible sin el interés especial y el patrocinio financiero, del Ministerio de Cooperación de Noruega.
EI equipo de investigación ha estado compuesto por un grupo central y una red de corresponsales de investigación. El primer grupo está formado por Ana Isabel García, directora del proyecto, Enrique Gomáriz, coordinador de investigación, Rosa Amelia Quirós, investigadora, y asistieron como asesoras Helga Jiménez y Alda Facio. En cada país centroamericano, la corresponsalía de investigación correspondió a: Candelaria Navas en El Salvador, Floridalma Téllez en Guatemala, Diacuy Mezquita y Manuel Chávez en Honduras, Ivonne Siú en Nicaragua y Alda Facio en Costa Rica.
La red de corresponsales se encargó de la recopilación de información estadística y no estadística, así como de la preparación del trabajo de campo en las encuestas cualitativas que el equipo central ha realizado en cada país. Posteriormente, este último ha hecho el tratamiento de la información, la compilación estadística a nivel regional y la correspondiente presentación de resultados, cuya redacción final han elaborado los responsables ejecutivos del proyecto, Ana Isabel García y Enrique Gomáriz.
1988
El 7 de agosto de 1987 se abría en Centroamérica una esperanza. La firma del Plan de Paz surgido en la región, por parte de los cinco Presidentes del istmo, venía a replantear los términos de la búsqueda de la solución pacífica a una crisis cuya violencia es ya la parte más dramática del problema. Ciertamente, nadie creyó en el área que con este hecho se había encontrado la fórmula mágica, sino más bien que se había iniciado un proceso que iba a tener avances y retrocesos, pero, sobre todo, que iba a poner a prueba la voluntad política de los centroamericanos y de no pocos actores extrarregionales para trabajar por lograr soluciones pacíficas a los conflictos.
Un año después, el nombre de ese Plan, Esquipulas II, obtenido del lugar donde se iniciaron las citas presidenciales, es algo familiar para toda la comunidad internacional. La necesidad de recoger, acumular y hacer un balance de los hechos que han sucedido este primer año no necesita ser justificada.
Este libro busca realizar ese balance desde la perspectiva del rigor académico. Se trata de otro producto, que continua el esfuerzo de los «Informes Blancos sobre Esquipulas II», surgido del acuerdo entre tres instituciones académicas que trabajan en Centroamérica, CSUCA, FLACSO y UNIVERSIDAD PARA LA PAZ, que comparten el convencimiento de que este servicio ofrecido a los actores regionales y extrarregionales, puede resultar también una contribución útil en el logro del éxito del Plan de Paz.
El presente informe muestra los resultados de la continuación de la investigación sobre los avances realizados en el proceso de cumplimiento de los compromisos adquiridos por los cinco Presidentes centroamericanos en la ciudad de Guatemala el 7 de Agosto de 1987, más conocido coso Esquipulas II. La primera parte de la investigación fue evacuada en el 1 Informe llanto y correspondía a los primeros noventa días de desarrolle de Esquipulas II. Esta segunda parte se refiere al así denominado segundo período del proceso, que abarca desde la conclusión del primero hasta la reunión de Presidentes que ha tenido lugar los días 15 y 16 de enero de 1988.
Esta investigación es producto de la colaboración de tres entidades académicas que trabajan en Centroamérica, el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y la Universidad para la Paz creada por Naciones Unidas (UPAD y ha sido patrocinada por la ‘Oficina para la Paz en Centroamérica’ que tiene en la región Fax Christi de Holanda, así como la agencias no gubernamentales para el desarrollo NOVIE1 de Holanda, Solidaridad Internacional de España Y la Secretaría de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia.
Como en la primera parte de la investigación, la metodología ha seguido los pasos comunes del trabajo de campo, la formación del banco de datos, la evaluación de los sismos y la presentación del informe. De igual forma, la acumulación de los datos ha procedido También de diversas fuentes: la observación directa, la información de fuentes oficiales y no oficiales, así como el seguimiento de los medios de comunicación.
El banco de datos ha sido construido por un equipo de la Universidad para la Paz, formado por Enrique Gomáriz, Director de Estudios sobre Paz y Seguridad, Ana Isabel García y María del Socorro Méndez, Asistentes de Investigación, con el que colaboró Mohammed Sweidan, estudiante de Maestría en la UPAZ. Dicho equipo ha contado con la ayuda del ‘Proyecto de Apoyo a la Paz y el Desarrollo en América Central (CSUCA-PAX) de la Secretaria General del CSUCA y su sistema de seguimiento de Esquipulas II. La construcción del banco de datos computarizado ha sido posible mediante los servicios del Centro de Cómputo de la FLACSO, que dirige Raúl Figueroa, y con la colaborarán de Mercedes Flores y Vilma Herrera en el registro de la información.
La evaluación de los datos y la supervisión del Informe han sido realizadas, como en la primera parte de la investigación, por un equipo interinstitucional, formado por profesores de cada entidad académica. Por la FLACSO, Gabriel Aguilera, profesor investigador, Francisco Rojas, Director del Diplomado Superior en Relaciones Internacionales y Rafael Menjivar, Secretario General a.i..
Por el CSUCA, los profesores investigadores Cristina Eguizabal, José Luis Vega y Guillermo Galván. Y por la UPAZ, Tapio Varis, Rector de la Universidad y el profesor Enrique Gomáriz, quien dirigió los trabajos de coordinación de la investigación, que han continuado incorporando la contrastación de informaciones mediante la visita a los países firmantes, donde se han realizado observaciones in situ, así como entrevistas a miembros calificados de las cinco Cancillerías correspondientes ya personas e instituciones no Gubernamentales.
En la introducción al balance regional, se han hecho alcances sobre los problemas de este segundo período en distintos ámbitos: desde la reaparición de los problemas conceptuales (simultaneidad Y condicionalidad), hasta el crecimiento del perfil de los factores de política interior, pasando por las dificultades de verificación y el análisis de los factores extrarregionales.
La descripción cronológica de los hechos se ha establecido, también en esta oportunidad, mediante a) una cronología general, b) una cronología país por país, y c) una tercera que examina compromiso por compromiso; las dos últimas, sólo recogen el titular de cada hecho, por lo que, para obtener la ampliación de la información de ese hecho, hay que ubicarlo -fácilmente- en su lugar correspondiente en la cronología general.
La evaluación de los datos obtenidos por esta investigación entrega un conjunto de elementos que hablan del desarrollo complejo que ha tenido el proceso de cumplimiento de los compromisos contenidos en Esquípulas II. El hecho de que no haya evaluaciones precedentes y de que el período estudiado sea el primero de los mencionados en el texto del Procedimiento, establece la utilidad de realizar una introducción al balance regional; entre obras razones, porque ha sido en este primer perído donde, como era de esperar, la práctica ha puesto a prueba todas y cada una de las frases del texto que suscribieran los cinco Presidentes Centroamericanos el pasado 7 de agosto.
Ha sido, por tanto, en este primer perído donde han surgido con la práctica los problemas de ajuste interpretativo del texto; que, se han convertido en parte del trabajo a realizar para las distintas comisiones técnicas que se han ido creando para la mejor implementación del plan de paz.
Esta introducción ofrece, así, una imagen primera del balance regional del proceso Eh, referida no solo a las iniciativas que se han ido tomando, sino también a los problemas de ajuste que han ido surgiendo. Contiene alcances sobre: 1) el período estudiado y su carácter; 2) las cuestiones conceptuales y su aplicación, 3) los factores extrarregionales que han operado durante su desarrollo; 4) el desarrollo institucional que ha sido necesario para impulsar los acuerdos y 5) un recuento de los avances que han tenido lugar en el conjunto regional, examinados compromiso a compromiso.
1986
En el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, se aceptó tal permanencia, pero con tres condiciones especificadas en la papeleta del voto: 1) la no incorporación en la estructura militar de la Alianza, 2) la prohibición de instalar armas nucleares, y 3) la reducción progresiva de la presencia militar norteamericana.
Sin embargo, a la hora de poner en práctica la decisión refrendual, se ha demostrado que existen problemas que podrían impedir el cumplimiento estricto de esa decisión. El siguiente informe muestra cuáles son esos problemas en el nuevo cuadro de seguridad en que se ubica el Estado español.
los problemas del cumplimiento….
A partir del análisis de la relación entre movilización política de masas, la presión que ésta ejerció sobre las fuerzas armadas españolas, y el proceso de transición democrática, el autor saca algunas conclusiones generalizadas para otros procesos políticos observables en países de diversa latitud.
Enrique Gomáriz, director de la revista pacifista española «Tiempos de Paz», es sociólogo y autor de variados artículos y análisis sobre fuerzas armadas, en España, así como sobre temas de seguridad europea.
Estas notas son parte del ciclo de conferencias que el autor dictó -invitado por nuestra Facultada en FLACSO- Santiago, durante el mes de diciembre de 1985.
Movilización política, fuerzas armadas y transición democrática
1985
Quizás no sea inútil, antes de entrar en materia, explicar la razón que justifica la existencia de estas notas sobre la historia del Ejército español, en un texto cuya óptica general corresponde a la sociología política. Ciertamente, no se trata solo de ofrecer al lector una información complementaria con la que aumentar sus conocimientos sobre la problemática militar en este país. Cuando se redactan unas notas sobre un periodo histórico suficientemente amplio, generalmente lo que se pretende es apuntar algunas claves interpretativas del proceso. En el caso que nos ocupa, la cuestión podría concretarse así: la dinámica ideológico-política del actual aparato militar, que indudablemente es -con matizaciones- la existente en la última fase del régimen franquista, se inscribe en una tendencia histórica mas amplia, conformada definitivamente en alguna etapa de nuestro pasado.
Esta pregunta se la han planteado los principales investigadores actuales de la historia del Ejército español (Payne y Christiansen) al objeto de explicar el acentuado poder político de los militares, un poder de marcada orientación conservadora, que explicaría a su vez el franquismo. Y, de hecho, la respuesta que ambos han dado es positiva: tal fenómeno (poder militar conservador) se consolida como tendencia histórica duránte el pasado siglo. El poder militar se establecería durante la primera mitad del XIX y su orientación política conservadora partiría de 1874 para consolidarse con la Restauración.
¿Significa esto caer en algún tipo de determinismo histórico? Ciertamente no: es absolutamente correcto afirmar que en 1931 la institución militar tiene un enorme poder político y solamente la consolidación de la República podía establecer un sistema político sobre otras bases, colocando a la institución militar en su verdadera función: defensa del país. Las debilidades de la República dieron paso a esa nueva manifestación de poder militar que luego se establecería como sistema político. Es decir, la tendencia histórica (poder político militar) encontró ciertamente fenómenos políticos de signo opuesto que, incapaces de detener dicha tendencia, mas bien provocaron su acentuación.
Si la tesis de Payne y Christiansen puede ser contestada es mas bien desde un ángulo distinto. Los orígenes de ese poder militar no se encuentran, como ellos sugieren, al correr las décadas del siglo XIX. Algún otro historiador del Ejército ya ha apuntado esta duda, e incluso el propio Christiansen lo intuye cuando expone lo importante que había llegado a ser el papel del Ejercito en la Administración durante el siglo XVIII. «El papel del militar en la España del siglo XVIII –dice- era tan importante en la administración como después lo sería en la política». Habría naturalmente que preguntarse si desempeñar un papel tan importante en la Administración no es otra forma de presencia política. De hecho, no deja de ser significativo que, cuando acaba el XVIII, los destinos del país continuen en manos de un hombre, Manuel Godoy, cuyo título máximo es el ser el primer militar generalísimo que hubo en España (incluso aceptando que el joven teniente Godoy llegara a la cumbre, a fuerza de compartir esfuerzos y sudores con la reina).
La tesis que se sostiene en las notas que siguen es desde luego diferente: los orígenes del poder militar en España no proceden del XIX, ni siquiera del XVIII sino que se encuentran en los mismos orígenes del Estado absoluto español. Ello puede comprobarse si se examina la evolución de la problemática militar, en el contexto más amplio del desarrollo de la formación socioeconómica española, desde la constitución del Estado absoluto.
